Tras permanecer prófugo durante más de siete años, detienen en Tulum a hombre acusado de abuso, quien enfrentaba una orden de aprehensión por un delito cometido en instalaciones educativas de la Ciudad de México.
Antecedentes del caso de 2018
David “N” fue señalado por el delito de violación agravada en contra de una estudiante menor de edad del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Vallejo, en un hecho que ocurrió el 12 de febrero de 2018 dentro de las instalaciones escolares.
Según las investigaciones, el abuso ocurrió en la cafetería Cibarium, donde el acusado trabajaba. Esta empresa presta servicios en diversos planteles de la UNAM, lo que generó gran indignación entre la comunidad universitaria tras conocerse los hechos.
Operativo de captura en Quintana Roo
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en colaboración con autoridades ministeriales de Quintana Roo, logró localizar y detener a David “N” en un operativo llevado a cabo en Aldea Zamá, una exclusiva zona residencial del municipio de Tulum.
El sujeto fue trasladado bajo custodia al Aeropuerto Internacional de Cancún, desde donde fue enviado de regreso a la CDMX para ser puesto a disposición de un juez de control, quien continuará el proceso penal en su contra.
Fallas legales e institucionales tras la denuncia inicial
En su momento, el acusado fue detenido horas después del delito, pero liberado porque el juez consideró que no se trató de una detención en flagrancia. También se denunció que autoridades del CCH Vallejo impidieron el ingreso inmediato de la policía, bajo el argumento de proteger la autonomía universitaria.
Estas omisiones permitieron que David “N” escapara, permaneciendo prófugo hasta su reciente captura. Las autoridades también investigan los posibles nexos familiares del acusado con los dueños de la concesionaria de alimentos.
Reacciones de colectivos y comunidad universitaria
La noticia de que detienen en Tulum a hombre acusado de abuso reavivó la indignación entre estudiantes, exigiendo justicia por un caso que en su momento fue minimizado. Diversas organizaciones feministas recordaron que han pasado más de siete años sin una resolución firme.
El caso fue símbolo del hartazgo social contra la impunidad y la inacción institucional. Desde 2018, colectivos exigieron acciones claras por parte de las autoridades universitarias y judiciales, quienes según denuncias públicas, no actuaron con la urgencia requerida.
