La Embajada de Estados Unidos en México encendió las alarmas al revelar un esquema de huachicol fiscal, en el que participan redes criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según el informe diplomático, el crudo robado en México es enviado a refinerías en Texas, procesado y luego regresado al país como si fuera producto legal. Las ganancias de esta operación ilícita financian violencia, corrupción y evasión de impuestos.
¿Cómo funciona el esquema de huachicol fiscal?
Este esquema, señalado por autoridades estadounidenses, implica una cadena compleja que comienza con el robo del crudo en territorio mexicano. Posteriormente, el hidrocarburo es trasladado a Estados Unidos mediante ductos o camiones, donde es procesado y refinado legalmente gracias a documentación apócrifa.
El combustible, ya transformado, regresa a México por aduanas gracias a empresas fachada que simulan operaciones legítimas. En este ciclo, el esquema de huachicol fiscal se convierte en un negocio millonario que pasa desapercibido para los consumidores, quienes adquieren gasolina mezclada con producto ilícito sin saberlo.
El CJNG y la red criminal detrás del fraude
De acuerdo con la embajada, el esquema de huachicol fiscal es controlado principalmente por el Cártel Jalisco Nueva Generación, que se beneficia enormemente de este proceso. Sus operaciones cruzan fronteras, involucran bancos, empresas y complicidades dentro de instituciones públicas.
Este modelo ha permitido que el crimen organizado diversifique sus fuentes de ingreso, reforzando estructuras violentas y dificultando el combate frontal por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses.
¿Qué hacen México y EE.UU. para frenarlo?
Las acciones coordinadas entre ambos países incluyen sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU., operativos conjuntos en puertos y aduanas, y el rastreo binacional de hidrocarburos.
Entre las medidas más contundentes están las emitidas por la OFAC y la FinCEN, que apuntan directamente a empresas y personas vinculadas con el tráfico de combustible.
Además, se trabaja en fortalecer mecanismos de trazabilidad para monitorear el flujo energético entre ambas naciones, lo cual busca frenar este ciclo de contrabando que afecta la economía formal y la seguridad pública.
¿Qué significa para el consumidor?
Aunque muchas veces pasa inadvertido, este tipo de prácticas tienen un impacto directo en los ciudadanos. Los consumidores adquieren combustible de procedencia ilícita sin saberlo, al tiempo que el Estado deja de percibir millones en impuestos.
El llamado de las autoridades es claro: aumentar la vigilancia, fomentar la transparencia en los procesos aduanales y seguir trabajando de manera conjunta para frenar el poder económico del crimen organizado.
