El reciente anuncio sobre el posible incremento del Derecho de No Residente (DNR) ha encendido alertas en el sector empresarial y turístico, al advertirse que este impuesto en Quintana Roo podría poner en riesgo la competitividad del destino más importante de México ante el mercado internacional.
Empresarios locales advierten sobre el impacto en el turismo
El presidente de Empresarios por Quintana Roo, Sergio León Cervantes, explicó que el aumento de 14.2% propuesto en el presupuesto federal para 2026 responde a una necesidad de mayores ingresos para el gobierno federal. Sin embargo, advirtió que esta medida podría tener consecuencias negativas directas sobre la llegada de visitantes extranjeros.
“Entendemos la lógica que motiva el ajuste del 14.2% al DNR: cubrir de manera proporcional los costos de los servicios migratorios y alinearlos a estándares internacionales. Es un razonamiento válido desde la óptica de las finanzas públicas”, señaló.
El líder empresarial subrayó que Quintana Roo representa casi el 50% del turismo internacional que llega a México, por lo que cualquier modificación en el DNR repercute de forma inmediata en la región.
Riesgo de pérdida de competitividad en el Caribe Mexicano
Sergio León agregó que, aunque la intención de fortalecer las finanzas públicas es comprensible, este impuesto en Quintana Roo debe venir acompañado de beneficios tangibles para los visitantes, como mejoras en infraestructura y servicios.
“De lo contrario, podríamos perder competitividad global, porque no competimos con otros destinos nacionales, sino con los mejores destinos de playa del mundo”, advirtió.
Por su parte, Francisco Madrid Flores, director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC), detalló que el incremento elevaría el costo total de los boletos de avión en más de 50 dólares, lo que podría desalentar a turistas que evalúan viajar al Caribe Mexicano.
Autoridades federales justifican la medida con fines recaudatorios
Las autoridades federales han defendido la propuesta asegurando que el ajuste busca cubrir de forma proporcional los costos de los servicios migratorios y alinearlos a estándares internacionales. No obstante, el sector privado insiste en que cualquier decisión fiscal debe considerar su efecto inmediato en el flujo turístico, especialmente en estados como Quintana Roo, que dependen en gran medida de la derrama económica que generan los visitantes extranjeros.
