La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de la franquicia de Miss Universo, por presuntamente realizar millonarios pagos a funcionarios federales para obtener información sobre investigaciones abiertas en su contra y en contra de otros integrantes de una presunta organización delictiva.
De acuerdo con la causa penal 495/2025, los pagos habrían sido entregados para conocer el avance de expedientes relacionados con delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas, hidrocarburos y presunto lavado de dinero vinculado a grupos como La Unión Tepito y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Pagos que iban de 120 mil a dos millones
Las investigaciones refieren que integrantes de la organización habrían realizado pagos que iban desde 120 mil pesos hasta dos millones de pesos a cambio de información privilegiada obtenida desde la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
En los párrafos más amplios de este apartado se señala que Raúl Rocha Cantú habría entregado el dinero mediante Jacobo Reyes León, alias “Yaicob” o “El Licenciado”, identificado como uno de los principales operadores del esquema.
Funciones internas de la red delictiva
Según documentos judiciales, Rocha Cantú presuntamente inyectaba capital a la importación de combustible procedente de Guatemala y Estados Unidos.
Asimismo, se describe que Daniel Roldán Morales, alias “El Inge” o “Dani”, sería responsable de transferir las ganancias obtenidas por la venta del combustible ilícito y proveer de hidrocarburo a diversas estaciones de servicio vinculadas a la organización.
Intervenciones telefónicas y conversaciones clave
La FGR presentó ante el juez Rodrigo Rosales Salazar diversas grabaciones telefónicas que muestran la comunicación constante entre Jacobo Reyes y Rocha Cantú.
Los documentos refieren que estas conversaciones confirmarían la participación del empresario en la compraventa de hidrocarburo obtenido ilícitamente.
Operativos de vigilancia en la FEMDO
El informe SSPC/CONASE/SI-JR/00200/2024 detalla que, tras la intervención de comunicaciones, policías realizaron vigilancias afuera de la FEMDO en Paseo de la Reforma.
En una de estas vigilancias, se observó a Jacobo entregar dinero a Mari Carmen Ramírez Rodríguez, alias “La Fiscal” o “Lic.”, y a Diego Adrián Mendoza Pérez, ambos servidores públicos de la FEMDO, quienes posteriormente ingresaron a las instalaciones con el efectivo recibido.
Empresa fachada y tráfico de armas
Otro reporte federal —SSPC/CONASE/AI/0110/2025— señala que Jacobo y sus colaboradores adquirieron una empresa denominada Segurimex, utilizada como fachada para la venta irregular de armas de fuego.
En los párrafos más extensos se expone que estas operaciones se realizaban mientras se continuaba el cruce ilegal de hidrocarburo hacia México, almacenado en “patios” utilizados como bodegas temporales.
Participación de exfuncionarios federales
Los documentos también mencionan la relación directa con Paul Manrique Miranda, alias “El Comandante”, un exservidor público de la FGR que presuntamente filtraba información y recibía pagos mensuales de hasta 120 mil pesos.
De acuerdo con la investigación, este exfuncionario mantenía vínculos con la Unión Tepito y facilitó conexiones internas para Jacobo y sus socios.
