La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo obtuvo una sentencia condenatoria de 22 años de prisión contra tres personas declaradas culpables del delito de extorsión en Benito Juárez, en hechos ocurridos en enero de 2023. El fallo fue emitido por un Juez de Juicio Oral tras un proceso en el que la Fiscalía Especializada en Procesos acreditó de manera contundente la responsabilidad penal de los tres imputados en agravio de dos víctimas cuya identidad permanece reservada, según el comunicado 104/2026-FDN.
Un trabajador que se convirtió en extorsionador
Los hechos que derivaron en esta condena comenzaron de forma aparentemente ordinaria. De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Salatiel Álvarez García fue contratado inicialmente como trabajador en una obra de construcción ubicada en la Supermanzana 5 del municipio de Benito Juárez. Sin embargo, con el tiempo integró a los otros dos sentenciados —Blanca Estela Hernández Martínez y Gabriel Alexander Garciliano Jiménez— al lugar con el propósito de llevar a cabo actividades ilícitas, entre ellas la presunta venta de droga a los empleados de la construcción.
Arma en mano y exigencia de “derecho de piso”
La situación escaló días después cuando los tres implicados irrumpieron en la oficina de las víctimas. Armados y bajo amenaza directa, exigieron el pago de tres mil pesos por concepto de “derecho de piso”, una práctica extorsiva asociada al crimen organizado que en este caso fue ejecutada de manera deliberada y violenta. A esa demanda económica se sumó otra igualmente grave: los agresores obligaron a las víctimas a incluir a dos de ellos en la nómina de la empresa, forzando una relación laboral ficticia como mecanismo adicional de extorsión.
Al menos dos pagos antes de la denuncia
Lejos de tratarse de un hecho aislado, la extorsión en Benito Juárez se repitió en el tiempo. La FGE documentó que las víctimas realizaron al menos dos pagos derivados de las amenazas antes de decidir presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades. Esa denuncia fue el punto de partida para que la autoridad ministerial abriera la carpeta de investigación y comenzara el proceso que culminaría con la captura y posterior condena de los tres responsables.
Detenidos en febrero de 2023, condenados tres años después
Una vez integrada la carpeta de investigación a partir de la denuncia de las víctimas, la Fiscalía obtuvo las órdenes de aprehensión correspondientes, que fueron ejecutadas en febrero de 2023, apenas semanas después de los hechos. Los tres imputados —Salatiel Álvarez García, Blanca Estela Hernández Martínez y Gabriel Alexander Garciliano Jiménez— quedaron bajo proceso penal y enfrentaron un juicio oral en el que el Ministerio Público presentó las pruebas necesarias para acreditar su responsabilidad ante el órgano jurisdiccional.
22 años de prisión y multa de más de 155 mil pesos por sentenciado
El fallo del Juez de Juicio Oral fue categórico: 22 años de prisión para cada uno de los tres sentenciados por el delito de extorsión. Adicionalmente, el juzgador impuso una multa individual de 155 mil 610 pesos, una sanción económica que complementa la pena privativa de libertad y que busca resarcir en parte el daño causado a las víctimas del caso.
Un expediente sólido que no dejó margen a la duda
El éxito de la acusación radica en la solidez del trabajo ministerial. La Fiscalía Especializada en Procesos construyó un expediente con pruebas suficientes para que el juez no tuviera dudas al emitir el fallo condenatorio. Este tipo de resultados, explicó la FGE, es posible gracias a investigaciones rigurosas que documentan cada elemento del delito desde el momento en que se presenta la denuncia hasta el cierre del proceso judicial.
Compromiso institucional con la seguridad y el patrimonio ciudadano
Con esta sentencia, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo reiteró su postura de combatir de manera frontal los delitos que atentan contra la seguridad y el patrimonio de la ciudadanía, con especial énfasis en la extorsión. La dependencia subrayó que continuará integrando casos con la solidez probatoria necesaria para llevar a los responsables ante la justicia y obtener condenas que envíen un mensaje claro a quienes operan este tipo de esquemas criminales en el municipio y en el estado.
