La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este 24 de marzo de 2026 una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con el objetivo de fortalecer el marco legal en todo el país.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, explicó que la propuesta busca que todas las fiscalías cuenten con una legislación homogénea que permita reducir la impunidad y establecer políticas públicas enfocadas en la prevención.
Objetivos de la nueva legislación impulsada por Claudia Sheinbaum
La iniciativa será enviada al Senado de la República para su análisis y posible aprobación. De acuerdo con lo expuesto, el proyecto fue construido en conjunto con distintas instituciones, incluyendo la Fiscalía General de la República y la Secretaría de las Mujeres.
Uno de los principales propósitos es establecer criterios claros para la investigación de los casos, garantizando que toda muerte violenta de una mujer sea tratada bajo el protocolo de feminicidio desde el primer momento. Con ello, Claudia Sheinbaum busca cerrar vacíos legales que históricamente han dificultado la justicia en estos delitos.
Endurecen sanciones y establecen nuevos criterios
La propuesta contempla sanciones de entre 40 y 70 años de prisión para quienes cometan feminicidio. En caso de tentativa, se aplicarán penas proporcionales que van desde la mitad hasta dos terceras partes de la condena.
Además, se incluyen 21 agravantes, como que la víctima sea menor de edad, adulta mayor, tenga discapacidad o pertenezca a comunidades indígenas o afrodescendientes.
Se establecen nueve razones de género para tipificar el feminicidio, entre ellas la presencia de violencia sexual, antecedentes de agresión, relaciones de poder o la exposición del cuerpo.
Investigación obligatoria con perspectiva de género
La iniciativa también propone homologar los protocolos de investigación a nivel nacional. Esto implica que todas las autoridades deberán actuar bajo una perspectiva de género obligatoria y con seguimiento continuo para evitar interrupciones en los procesos.
Asimismo, se plantea que el delito sea perseguido de oficio y no prescriba, lo que permitiría continuar las investigaciones sin importar el tiempo transcurrido.
Consecuencias legales adicionales
Entre las medidas adicionales, se contempla que los responsables pierdan derechos como la patria potestad, tutela y beneficios sucesorios respecto a las víctimas.
Atención integral a víctimas directas e indirectas
El proyecto reconoce que el feminicidio impacta no solo a la víctima directa, sino también a su entorno cercano. Por ello, se incluyen mecanismos de atención médica, psicológica y asesoría jurídica gratuita para familiares.
La reparación integral deberá ser adecuada, efectiva, rápida y proporcional, garantizando el acceso a la justicia y a condiciones dignas para quienes resulten afectados.
Medidas adicionales para combatir la violencia
La iniciativa también prohíbe la difusión de imágenes de víctimas en medios y plataformas digitales, con el fin de proteger su dignidad.
Además, propone la creación de una comisión especial encargada de supervisar la implementación de la ley, fortalecer las investigaciones y promover campañas permanentes contra la violencia feminicida.
Expectativa de consenso en el Congreso
La mandataria expresó confianza en que la propuesta obtenga respaldo legislativo, al considerar que se trata de una medida necesaria para garantizar justicia.
Señaló que no debería existir oposición a que las muertes violentas de mujeres sean investigadas bajo criterios claros y con mecanismos que permitan sancionar a los responsables de manera efectiva.
