La Corte Suprema de Justicia condenó a la excongresista Tatiana Cabello a más de 12 años de prisión por exigir dinero a sus colaboradoras de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). La decisión se basa en que utilizó su cargo para solicitar, de manera reiterada, la devolución de parte de sus salarios como condición para mantener sus cargos.
Detalles de la condena y hechos centrales
El fallo, emitido por la Sala Especial de Primera Instancia, concluyó que durante el período legislativo 2014-2018, Cabello exigió a varias integrantes de su UTL que devolvieran una parte de sus salarios. La condena impuso a la excongresista una pena de 144 meses y un día de prisión, además de una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 116 meses y 29 días y una multa de 500 salarios mínimos vigentes en ese momento.
¿Qué implicó la exigencia económica?
Según la sentencia, cinco trabajadoras de la UTL recibieron instrucciones directas o a través de intermediarios para entregar dinero en efectivo, realizar transferencias o asumir gastos relacionados con la oficina. Algunas de estas trabajadoras debían entregar sumas cercanas al aumento salarial que recibían tras ascensos laborales, e incluso devolvían la mayor parte de su remuneración mensual.
Las víctimas identificadas fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Nelsy Tirado Chacón, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.
Procedimientos y pruebas
La investigación se basó en testimonios, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, extractos bancarios y documentos administrativos. La Corte concluyó que las solicitudes de dinero se presentaron en varias ocasiones, en algunos casos después de incrementos salariales, y que la excongresista se apoyó en colaboradores de confianza para canalizar estos recursos.
El fallo también ordenó que Cabello indemnice a las víctimas y que la Fiscalía investigue posibles delitos adicionales, como enriquecimiento ilícito y amenazas.
Implicaciones y contexto
La sentencia refleja un uso abusivo del cargo público para obtener beneficios económicos indebidos. La Corte negó la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria, por lo que la orden de captura será emitida una vez la sentencia sea firme.
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