Durante las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, se reportaron múltiples denuncias sobre presiones ejercidas por grupos armados en diferentes zonas del país para favorecer a Iván Cepeda, entonces candidato del oficialismo. Estas acusaciones apuntan a un posible delito de constreñimiento al sufragante, con implicaciones que aún están en investigación.
Contexto y denuncias durante la contienda electoral
Las denuncias se centraron en varias regiones donde líderes locales afirmaron que las presiones continuaron y se intensificaron en la jornada electoral del 21 de junio de 2026. Uno de los líderes, que solicitó reserva de identidad, afirmó: “Sigue la presión, dicen que no pueden aparecer votos en el caserío de Remolino del Caguán por el candidato Abelardo de la Espriella”.
Además, se reportó que alias La Morocha, identificada como integrante del frente Rodrigo Cadete, habría enviado mensajes a las juntas de acción comunal advirtiendo que después de las elecciones pasarían “junta por junta con listado en mano” y que debían presentar los 3 Certificados Electorales, bajo amenaza de multas y sanciones.
Presiones de disidencias y grupos armados en zonas rurales
Otro líder denunció que las disidencias de alias Calarcá también habrían presionado a transportadores para movilizar votantes en sus lanchas, con recursos propios. Estas acciones se suman a las denuncias previas sobre la obligación de inscribir cédulas en puestos de votación controlados por estos grupos.
Las acusaciones apuntan a que estas acciones podrían constituir delitos de coacción y presión ilegal en el proceso electoral, lo que ha generado preocupación en las instituciones responsables de garantizar la transparencia.
Acciones legales y reconocimiento de resultados
Tras la proclamación de los resultados por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE), la organización Misión Colombia Transparente presentó una denuncia penal contra las disidencias de las Farc, el ELN y otros grupos ilegales, por presunto favorecimiento a Iván Cepeda en 520 municipios y más de 5.000 puestos de votación.
La denuncia también incluye a los candidatos Iván Cepeda y Aida Quilcué, señalando que las acciones de estos grupos podrían haber influido en los resultados electorales, especialmente en los municipios de riesgo extremo.
Resultados y participación en zonas de riesgo
En la segunda vuelta, Cepeda ganó en 102 de los 139 municipios en riesgo extremo electoral, según la Misión de Observación Electoral. En estos municipios, el candidato oficialista logró superar el 90% de los votos en varias localidades, como El Litoral del San Juan en Chocó, con un respaldo del 98,18%.
Por su parte, Abelardo de la Espriella obtuvo su mayor apoyo en 37 municipios, principalmente en Cauca y Nariño. La diferencia en los votos fue ajustada, con Cepeda logrando 12.708.712 respaldos frente a los 12.959.542 de de la Espriella.
Estos datos reflejan la complejidad del proceso electoral en zonas donde las presiones y la presencia de grupos armados son evidentes, generando un escenario de alta tensión y cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso.
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