La maniobra conocida como “pellizco” permitió a dos cajeros del Banco Nación sustraer dinero durante meses en una sucursal de Orán, Salta. La confianza en los empleados y la falta de sospechas facilitaron que esta práctica se mantuviera sin ser detectada durante un tiempo.
El mecanismo del fraude
Los clientes llegaban con sumas importantes en efectivo para depositar y entregaban los fajos a los cajeros. Tras el conteo, en algunos casos, aparecían diferencias: había menos dinero del que creían haber entregado. Muchas víctimas asumían que se trataba de un error y reponían el faltante de su propio bolsillo.
El método consistía en extraer billetes durante el proceso de conteo y ocultarlos para retirarlos posteriormente de la sucursal. La maniobra se realizaba en un espacio fuera del campo visual del cliente, en un box con una máquina contadora y un vidrio esmerilado que impedía ver claramente lo que sucedía.
El juicio y las condenas
El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta condenó a Silvia Verónica Castro y Fernando Horacio Arias Knudsen, quienes desempeñaban funciones como cajeros. La sentencia fue de dos años de prisión en suspenso para Castro y seis meses en suspenso para Arias Knudsen, ambos por delito de estafa en concurso con incumplimiento de deberes de funcionario público.
Cómo descubrieron la maniobra
La operación fue detectada en noviembre de 2023, cuando un empleado notó que Castro retiraba dinero de un depósito y lo guardaba en un folleto. La revisión de cámaras y registros reveló 18 hechos probados, en los que se evidenciaron las maniobras de ocultamiento y sustracción de billetes.
Las grabaciones mostraron a los cajeros realizando movimientos sospechosos detrás de las cajas, lo que llevó a la investigación formal y a la posterior condena. Los acusados negaron las acusaciones, alegando persecución laboral y conflictos internos, pero las pruebas fueron concluyentes.
Implicaciones y consecuencias
El caso refleja cómo la confianza puede ser vulnerable ante prácticas fraudulentas y la importancia de la vigilancia en instituciones financieras. Los clientes afectados quedaron habilitados para iniciar reclamos por los perjuicios sufridos, mientras que los condenados quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos durante el doble del tiempo de la condena.
