El sistema penitenciario en México enfrentó un aumento en sobrepoblación, violencia y deficiencias en derechos humanos durante 2025, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La situación refleja un deterioro en las condiciones de internamiento y plantea desafíos estructurales que requieren atención urgente.
Incremento en la sobrepoblación penitenciaria
La capacidad instalada de los centros penitenciarios en México fue de 226,739 espacios, mientras que la población penitenciaria alcanzó los 256,127 internos. Esto generó un excedente de 29,388 internos, representando una sobrepoblación del 12.96%. Además, se registró un incremento del 8.46% en comparación con 2024.
Al cierre de diciembre de 2025, 142 centros penitenciarios presentaban sobrepoblación, 24 más que en el año anterior. Durante las visitas de diagnóstico, esta condición fue detectada en 129 de los 261 centros evaluados.
Problemas en la gestión y derechos humanos
La CNDH identificó varias deficiencias en los centros penitenciarios, destacando que 98.9% de los establecimientos tenían problemas en la clasificación de las personas privadas de la libertad. Además, 85.8% carecían de mecanismos efectivos para prevenir y atender violaciones a derechos humanos.
En materia de seguridad, se detectó hacinamiento en 47.5% de los centros estatales y presencia de actividades ilícitas en 40.6%. La problemática de autogobierno o cogobierno fue identificada en 31 centros, lo que equivale al 11.9% de las prisiones evaluadas.
Incidentes violentos en las cárceles
Durante 2025, se registraron 990 incidentes violentos en los centros supervisados: 694 en establecimientos estatales y 296 en federales. La mayoría de estos incidentes fueron riñas, con 805 registros. Además, se reportaron 101 suicidios, 55 homicidios, 11 evasiones y otros casos de violencia y maltrato.
Estos datos evidencian la gravedad de la crisis en el sistema penitenciario mexicano y la necesidad de implementar medidas que garanticen la seguridad y los derechos de las personas privadas de libertad.
