En Michoacán, Luis Miranda fue detenido por fuerzas federales junto con tres integrantes de su familia y un escolta, quienes son señalados de presuntamente encabezar una red dedicada a la extorsión y a la suplantación de identidad de funcionarios de la Presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el gobierno del Estado de México.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la detención ocurrió en una residencia ubicada dentro del exclusivo fraccionamiento “La Providencia”, en Metepec, Estado de México. En el operativo también fueron detenidos su esposa Liliana “N”, sus hijos Luis Samuel “N” y Aimee de Guadalupe “N”, además de su escolta Agustín Arturo “N”.
Luis Miranda, señalado por suplantación de funcionarios
El detenido se desempeñó como Tesorero General y Secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Michoacán entre 2012 y 2013. También ocupó otros cargos dentro de la administración pública en diferentes órdenes de gobierno.
Según la información de las autoridades, esa trayectoria le habría permitido conocer estructuras político-administrativas de Michoacán, otras entidades y del gobierno federal.
Así habría operado la presunta red
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía del Estado de México permitieron identificar el supuesto modus operandi. De acuerdo con las indagatorias, los involucrados buscaban generar confianza y credibilidad entre sus posibles víctimas, entre ellas políticos, funcionarios públicos y empresarios.
Para establecer contacto utilizaban mensajes de texto o llamadas a números telefónicos personales que previamente habrían obtenido mediante una red de relaciones construida durante años a partir de sus antecedentes en el servicio público.
Durante las conversaciones, presuntamente obtenían información sensible, incluidos datos personales confidenciales, información de dependencias y de otros funcionarios, así como datos relacionados con operaciones políticas o económicas.
Esa información posteriormente habría sido utilizada para suplantar la identidad de las personas y desarrollar actividades de carácter extorsivo.
Se hacían pasar por secretarios particulares
Como parte del mecanismo para conseguir información y generar confianza, los involucrados presuntamente se presentaban como secretarios particulares de funcionarios o actores político-económicos de alto nivel.
El objetivo era actualizar agendas o gestionar alguna comunicación. Entre los mensajes utilizados se encontraba una solicitud para proporcionar el número telefónico de una persona con el argumento de que su jefe quería comunicarse con ella mediante WhatsApp.
Después pedían dinero o favores
En una segunda etapa, las víctimas eran contactadas por quien supuestamente era un funcionario de alto nivel. Esta persona les comunicaba que tenía instrucciones superiores para solicitarles apoyo.
Según las investigaciones, las peticiones podían consistir en dinero para una operación política o para agilizar pagos, la incorporación laboral de alguna persona a estructuras administrativas o la recomendación de contratar servicios con determinadas personas físicas o morales.
También utilizaban inteligencia artificial
Para reforzar el engaño, los investigados presuntamente recurrían a inteligencia artificial para imitar las voces de actores políticos o económicos a quienes suplantaban.
Además, elaboraban conversaciones ficticias entre supuestos funcionarios mediante mensajes de texto o voz, materiales que posteriormente compartían con las víctimas.
Las investigaciones cuentan como ejemplo con una conversación correspondiente al primer contacto de los involucrados con representantes de una empresa dedicada al desarrollo de tecnologías para emitir documentos de identidad de alta seguridad.
En ese caso, presuntamente intentaron engañar a los representantes mediante el ofrecimiento de un contrato a cambio de una cantidad importante de dinero.
El dinero debía entregarse en efectivo
Las autoridades señalaron que Luis Miranda se encontraba “boletinado” en el sistema bancario mexicano debido a una actividad delictiva previa. Por ese motivo, las exigencias económicas debían realizarse en efectivo.
Cuando presuntamente necesitaban introducir esos recursos al sistema financiero, utilizaban una empresa dedicada a la arquitectura y construcción que era propiedad de su hija Aimee “N”.
Parte de los recursos ilícitos habría sido destinada a la adquisición de propiedades ubicadas en zonas de alta plusvalía y vehículos de alta gama.
Cateo permitió asegurar teléfonos y vehículos
Las investigaciones ubicaron como zona de operación un inmueble dentro del fraccionamiento “La Providencia”. Mediante una diligencia de cateo fueron encontrados diversos equipos telefónicos que los detenidos presuntamente intentaron ocultar.
También fueron aseguradas múltiples tarjetas SIM de diferentes compañías y vehículos de alta gama. Todos estos indicios quedaron bajo resguardo de la Fiscalía del Estado de México.
Las indagatorias establecieron además que los involucrados habrían utilizado al menos 19 teléfonos móviles de marcas como iPhone, Samsung Galaxy y Motorola, entre otras, para realizar llamadas y enviar mensajes.
Los dispositivos presentaban registros de utilización con las tarjetas SIM aseguradas y correspondían con números telefónicos que algunas víctimas habían reportado.
Cinco personas fueron vinculadas a proceso
La Fiscalía del Estado de México estableció en grado de probabilidad que Luis “N”, Liliana “N”, Luis Samuel “N”, Aimee de Guadalupe “N” y Agustín Arturo “N” participaron en actos de extorsión mediante la suplantación de identidad.
Los cinco fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya y quedaron a disposición de la Autoridad Judicial del Estado de México.
El pasado 6 de octubre fueron vinculados a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el delito de extorsión.
Luis Miranda ya había sido detenido en 2017
En otro antecedente, el 20 de octubre de 2017, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvo a Luis Miranda por su presunta responsabilidad en el delito de peculado.
El monto señalado en aquella investigación fue de 26 millones 680 mil pesos, relacionados con dos pagos a proveedores respecto de los cuales no existía información sobre el cumplimiento de los servicios contratados en materia de asesoría contable y gestoría administrativa.
Investigación de 2017 señaló pagos millonarios
De acuerdo con los elementos integrados en la Averiguación Previa, entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2012, Luis M. presuntamente realizó pagos por 26 millones 680 mil pesos a dos proveedores.
Las indagatorias determinaron que los servicios contratados no fueron cumplidos. En uno de los casos, la Fiscalía Especializada estableció que el entonces inculpado habría efectuado un pago de 15 millones 80 mil pesos a un proveedor por servicios de asesoría contable y gestión administrativa y financiera.
La información fue difundida en ese momento por la PGJE.
Enfrentó el proceso en libertad
Tras su detención, Luis Miranda fue internado en el Centro de Readaptación Social “David Franco Rodríguez”, ubicado en el municipio de Charo.
Sin embargo, durante octubre de 2017, un juez le permitió enfrentar el proceso en libertad después de que pagara una fianza de 53 millones 420 mil 690 pesos mediante la afianzadora Sofimex S.A.
