La crisis de desapariciones en México continúa siendo un desafío complejo, y las fiscalías juegan un papel crucial en su abordaje. Expertos señalan que la investigación de estos casos debe cambiar para identificar patrones y conexiones, en lugar de tratarlos como expedientes aislados.
El problema de las investigaciones fragmentadas
Omar Gómez Trejo, abogado y defensor de derechos humanos, afirmó que uno de los principales obstáculos en la búsqueda de personas desaparecidas es que las fiscalías investigan cada caso de forma independiente. Esto dificulta la identificación de posibles vínculos entre diferentes desapariciones, pese a que existen elementos que podrían conectar varios casos.
Capacidades y cargas de trabajo en las fiscalías
El exfiscal explicó que las fiscalías enfrentan cargas de trabajo que impiden una investigación especializada eficiente. Un Ministerio Público puede tener a su cargo decenas de carpetas, mientras que las capacidades periciales y policiales son insuficientes para responder con rapidez a cada desaparición.
Propuestas para mejorar la investigación
Gómez Trejo propuso un cambio en la lógica de investigación, orientado a identificar patrones relacionados con lugares, fechas, víctimas, perpetradores y sitios de hallazgo de fosas. Este enfoque permitiría entender mejor el fenómeno y detectar organizaciones responsables, además de otros delitos vinculados.
El papel de las organizaciones criminales y la cooperación internacional
El abogado sostuvo que las organizaciones criminales mantienen su capacidad operativa a través de control territorial, estructura económica ilícita y vínculos con estructuras políticas. Por ello, consideró que la cooperación internacional debe fortalecer las capacidades del Estado mexicano en investigación y justicia, sin sustituirlo.
Perspectivas internacionales y participación de las víctimas
Michael W. Chamberlin, presidente de Consultora Solidaria y experto en política internacional, aclaró que la activación del Artículo 34 de la Convención Internacional no implica una condena ni un proceso judicial contra México. Además, resaltó la importancia de consultar a expertos y víctimas en la definición de los procedimientos a seguir.
