Las reformas en el sistema de salud de México han generado un debate sobre la efectividad de legislar derechos sin garantizar su financiamiento. Este análisis se centra en la necesidad de asegurar recursos antes de ofrecer nuevos beneficios a la población.
La importancia de evaluar tratamientos previos
En medicina, cambiar de tratamiento sin evaluar el anterior puede poner en riesgo al paciente. De manera similar, en política sanitaria, sustituir instituciones sin medir resultados puede comprometer la atención de millones.
Cuatro décadas de reformas a la Ley General de Salud
Un estudio reciente revisó 141 decretos relacionados con la Ley General de Salud. La conclusión es clara: aunque se han ampliado derechos en el papel, las condiciones para ejercerlos no se han estabilizado.
Derechos y prestaciones
De los decretos analizados, 58 ampliaron derechos o prestaciones, como la incorporación de cuidados paliativos y la mejora en la detección del cáncer infantil. Sin embargo, el reconocimiento legal no se ha acompañado de los recursos necesarios.
Financiamiento y su evolución
Entre los decretos revisados, la proporción que ordenó cubrir nuevas obligaciones con el presupuesto existente pasó del 14% durante 2003-2019 al 67% en 2023-2026. Esto indica una tendencia a prometer más sin asegurar recursos adicionales.
La necesidad de un enfoque responsable
La falta de acceso a servicios de salud ha aumentado, pasando del 16.2% en 2018 al 39.1% en 2022. Este indicador refleja la afiliación, pero no la calidad de la atención recibida.
Es fundamental que el Congreso asuma la responsabilidad de aprobar derechos y exigir su costeo. Cada iniciativa que amplíe las prestaciones debe identificar su costo y su fuente de recursos.
Conclusión
El derecho a la salud requiere un compromiso serio por parte del Estado. La mejor reforma no será la que más derechos anuncie, sino la que permita ejercerlos sin tener que pagarlos de nuevo.
