Miguel Antonio Loza Ginuez, investigado por dos denuncias de presunta agresión sexual, cuestionó la cobertura periodística de su caso. A través de su defensa, aseguró que las publicaciones afectan su reputación y pidió que se respete su presunción de inocencia.
El regidor independiente de Tijuana, Miguel Antonio Loza Ginuez, solicitó ejercer su derecho de réplica después de que se difundieran publicaciones periodísticas relacionadas con dos acusaciones de presunta violación sexual presentadas ante la Fiscalía General del Estado de Baja California.
Mediante una carta enviada al medio Latinus por conducto de su abogada, el funcionario argumentó que la información publicada afecta su imagen pública, su privacidad y las garantías legales que deben respetarse mientras se desarrollan las investigaciones.
Tijuana: regidor cuestiona cobertura de denuncias en su contra
En el documento dirigido al medio de comunicación, Loza Ginuez manifestó su inconformidad con dos reportajes que abordan los señalamientos realizados por una mujer identificada como Daniela.
El servidor público consideró que las notas presentan una versión parcial de los acontecimientos y que no incorporan todos los elementos que su defensa asegura haber entregado a las autoridades ministeriales.
También sostuvo que las publicaciones podrían generar una percepción de culpabilidad antes de que exista una resolución judicial definitiva.
Su solicitud se fundamenta, según expuso, en la protección constitucional del debido proceso, la privacidad y la presunción de inocencia.
El regidor hizo referencia al artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución mexicana, que reconoce el derecho de toda persona imputada a ser considerada inocente mientras no se declare legalmente su responsabilidad.
Defensa afirma que publicaciones afectan su reputación
La representación legal del funcionario señaló que la cobertura periodística ha generado consecuencias negativas para su imagen y su entorno personal.
En su comunicación, el regidor argumentó que las publicaciones contienen señalamientos que considera inexactos y que, desde su perspectiva, afectan su honor y reputación.
Asimismo, cuestionó que se hayan difundido testimonios sobre hechos que todavía se encuentran bajo investigación.
El funcionario sostuvo que sus derechos deben ser respetados mientras la Fiscalía determina si existen elementos para continuar con alguna acción penal.
Sin embargo, la solicitud de réplica no constituye por sí misma una resolución sobre la veracidad de las acusaciones ni sobre la actuación del medio de comunicación.
Mujer denuncia dos presuntas agresiones sexuales
Las publicaciones cuestionadas incluyen el testimonio de Daniela, una mujer que acusa al regidor de haberla agredido sexualmente en dos ocasiones.
La denunciante aseguró que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía de Baja California.
Además de las acusaciones contra el funcionario, Daniela ha señalado posibles irregularidades en el desarrollo de las investigaciones.
Entre sus cuestionamientos se encuentran la demora en los procedimientos y presuntas omisiones de las autoridades encargadas de atender las denuncias.
La mujer ha expresado su inconformidad con la manera en que se ha desarrollado el caso y con la falta de una resolución.
Hasta el momento, la información disponible no establece que exista una sentencia condenatoria contra el regidor por estos señalamientos.
Regidor también reclama demora en las investigaciones
La segunda publicación mencionada por Loza Ginuez corresponde a una conferencia de prensa que él mismo ofreció el 13 de noviembre.
Durante ese encuentro con periodistas, el funcionario reconoció que existe una investigación en su contra por presuntos delitos sexuales.
También expresó su desacuerdo con el tiempo que ha transcurrido desde que se presentó la primera denuncia.
De acuerdo con sus declaraciones, el procedimiento lleva aproximadamente dos años sin que se haya emitido una determinación definitiva.
El regidor consideró que la demora ha provocado consecuencias que afectan tanto su situación jurídica como a personas de su entorno cercano.
Sus señalamientos estuvieron dirigidos a la Fiscalía estatal, a la que pidió resolver el caso conforme a los procedimientos legales.
Las partes cuestionan actuación de la Fiscalía
Aunque mantienen posiciones diferentes sobre las acusaciones, tanto Daniela como el funcionario han manifestado inconformidades relacionadas con el desarrollo de las investigaciones.
La denunciante ha señalado posibles deficiencias, retrasos y falta de atención adecuada a los hechos que reportó.
Por su parte, Loza Ginuez considera que la ausencia de una resolución prolonga la incertidumbre sobre su situación legal.
Estas declaraciones corresponden a los posicionamientos de cada parte y deberán analizarse a partir de las actuaciones ministeriales.
El Colegio de Abogados de Tijuana también ha solicitado que la autoridad estatal agilice los procedimientos y emita una determinación que brinde certeza jurídica a las personas involucradas. <Cite refs={[“turn237245search4″,”turn237245search8”]}/>
Abogados buscan que se defina situación jurídica
La defensa del regidor ha planteado la necesidad de que la Fiscalía concluya las actuaciones pendientes y determine si existen elementos para proceder penalmente.
Según reportes sobre el caso, sus representantes legales también han considerado solicitar la intervención de un juez de control para que la autoridad ministerial emita una respuesta.
El objetivo de esta medida sería obtener una determinación formal sobre el expediente.
Hasta el momento, no se ha informado que alguna autoridad judicial haya establecido la responsabilidad penal del funcionario.
La ausencia de una sentencia tampoco representa, por sí sola, una conclusión definitiva sobre los hechos denunciados.
Caso permanece abierto mientras continúa la controversia
La solicitud de derecho de réplica presentada por Miguel Antonio Loza Ginuez agrega un nuevo elemento a la controversia pública relacionada con las denuncias en su contra.
Mientras el regidor cuestiona el tratamiento periodístico de las acusaciones, la denunciante mantiene sus señalamientos y reclama avances en las investigaciones.
La Fiscalía General del Estado de Baja California continúa siendo la institución responsable de esclarecer los hechos y determinar las actuaciones legales correspondientes.
El caso en Tijuana permanece sin una resolución judicial definitiva en la información difundida, por lo que las acusaciones deberán tratarse bajo el principio de presunción de inocencia y respetando también los derechos de la persona denunciante.






