Más de 55 mil trabajadores del Poder Judicial Federal, incluyendo jueces y magistrados, han paralizado sus actividades en protesta contra la reforma impulsada por el presidente López Obrador, advirtiendo que esta amenaza la independencia judicial y la democracia en México.
En un movimiento sin precedentes, jueces, magistrados y personal del Poder Judicial Federal se han unido al paro nacional, sumándose así a las protestas contra la reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con esta acción, más de 55 mil trabajadores del sistema judicial han decidido paralizar sus labores, elevando su voz en defensa de la independencia judicial y la democracia en México.
El paro, que involucra a mil 604 jueces y magistrados, fue anunciado oficialmente por la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), en un mensaje emitido la noche del martes. En su declaración, Fuentes Velázquez lamentó que el Poder Legislativo no respondiera a la convocatoria de diálogo, evidenciando la falta de disposición para reconsiderar una reforma que, según ella, vulnera no solo los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, sino también los principios democráticos del país.
“Estamos frente a una crisis que amenaza la democracia en México,” señaló Fuentes Velázquez, subrayando que la reforma al Poder Judicial, respaldada por el Ejecutivo y la mayoría del Legislativo, pone en riesgo la independencia de este poder fundamental. Según la jueza, esta reforma busca concentrar el poder en una sola persona, lo que no solo socava la autonomía judicial, sino que también representa un peligro para la democracia y los derechos ciudadanos.
La jurista también hizo un llamado a la reflexión histórica, advirtiendo que la concentración del poder en unos pocos ha llevado, en otros contextos, a la opresión y a la injusticia. “La historia nos ha demostrado que cuando el poder se concentra, la justicia se convierte en un arma de opresión, y los derechos de los ciudadanos quedan subordinados al capricho de quienes ostentan el poder,” afirmó Fuentes Velázquez, quien se desempeña como jueza del Décimo Segundo Tribunal Laboral de Asuntos Individuales.
En respuesta a las acusaciones del presidente López Obrador y de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, quienes calificaron el paro como una acción ilegal, la jueza Fuentes Velázquez respondió contundentemente: “estudien la carrera de derecho”. Además, aclaró que, a pesar del paro, los casos urgentes seguirán siendo atendidos con la misma diligencia, garantizando que los ciudadanos cuenten con el apoyo judicial en situaciones críticas que afecten su libertad, salud o vida.
El anuncio del paro y las palabras de la jueza Fuentes Velázquez se dieron en un evento en el que participaron alrededor de mil trabajadores del Poder Judicial, quienes se congregaron en las escalinatas del edificio del PJF en San Lázaro. Allí, la jueza enfatizó que México enfrenta una crisis constitucional, reiterando que el paro no es solo una lucha por los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, sino también por los derechos de toda la sociedad.
“Somos los guardianes del respeto y la protección de los derechos humanos, y no permitiremos que se socave nuestra función fundamental. Estamos en presencia de una crisis constitucional y es nuestro deber defenderla,” expresó Fuentes Velázquez ante los presentes.
Finalmente, los trabajadores del Poder Judicial concluyeron el acto entonando el Himno Nacional, reafirmando su compromiso con la defensa de la democracia y la justicia en México. Aunque descartaron la realización de movilizaciones o actos masivos, no descartan otras medidas de presión en el futuro, si no se reconsidera la reforma que, según ellos, amenaza con concentrar el poder en manos de un solo partido o individuo, lo que sería inaceptable en cualquier país democrático.
Este paro nacional del Poder Judicial es una clara manifestación del rechazo a las reformas propuestas y un llamado de atención sobre los riesgos que implican para la estructura democrática del país. La comunidad judicial ha dejado en claro que no permitirá que se debiliten los cimientos de la justicia en México.
