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jueves, septiembre 19, 2024

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Conductores de plataformas de transporte protestan en Cancún contra operativos y multas excesivas


Operadores de diversas plataformas de transporte se manifestaron frente al Instituto de Movilidad de Quintana Roo en Cancún, denunciando abusos y sanciones que consideran injustas, así como la falta de claridad en los requisitos para obtener permisos.


Este miércoles 11 de septiembre, conductores de plataformas de transporte se congregaron en las instalaciones del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) en Cancún, para manifestarse en contra de lo que califican como abusos hacia su libertad laboral. La protesta tuvo lugar en la Delegación de Cancún, situada en la supermanzana 22, donde decenas de operadores alzaron la voz para exigir respuestas ante las acciones que, según ellos, les están afectando gravemente.

Los manifestantes portaban pancartas con mensajes que expresaban su inconformidad, como “Requisitos claros”, “Alto a las detenciones” y “Alto al aseguramiento de autos”. Señalaron que en las últimas semanas han sido objeto de operativos y retenes organizados por el Imoveqroo, los cuales han culminado en el aseguramiento de aproximadamente 20 vehículos de operadores de diversas plataformas. Los conductores sostienen que estas medidas son injustas y afectan su derecho a trabajar libremente.

De acuerdo con los testimonios de los conductores, uno de los puntos más críticos de su reclamo es la exigencia de contar con un permiso para cada plataforma en la que operan. Estos permisos tienen un costo que oscila entre $4,500 y $5,000 pesos, lo que consideran una carga económica significativa. Además, denunciaron que las multas impuestas por no contar con los permisos necesarios pueden superar los $70,000 pesos, generando una gran presión sobre los operadores y sus familias.

La situación ha generado un clima de tensión creciente entre los conductores y las autoridades de movilidad, especialmente porque los retenes se han intensificado en las últimas semanas. Los manifestantes señalan que estas acciones han resultado en la inmovilización de vehículos y la imposición de sanciones que, en su opinión, son desproporcionadas y carecen de justificación clara.

El marco legal que regula la operación de las plataformas de transporte en Quintana Roo está definido en la Ley de Movilidad del Estado. Según el Artículo 240 del reglamento de dicha ley, las empresas que operan plataformas están obligadas a presentar un informe trimestral al Imoveqroo, en el cual deben incluir la lista de conductores registrados, así como la constancia de su registro en la plataforma y el número de concesiones o permisos otorgados por el Instituto.

En cuanto a las sanciones, el Artículo 331 establece que las amonestaciones solo proceden en infracciones leves y en casos de primeras faltas. Sin embargo, las reincidencias pueden conllevar multas más severas, que se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y la gravedad de la infracción, conforme al Artículo 204 de la ley. Aunque el monto exacto de las multas no está especificado en la ley, los conductores afirman que las sanciones pueden llegar a superar los $70,000 pesos, una cantidad que consideran excesiva e inaceptable.

Durante la manifestación, los operadores exigieron que el Imoveqroo aclare los requisitos necesarios para obtener los permisos correspondientes, así como una reducción en las multas que actualmente consideran desmedidas. También pidieron la suspensión inmediata de los operativos y retenes hasta que se establezcan reglas claras que les permitan trabajar sin temor a ser sancionados.

A pesar de la tensión generada por estos reclamos, la protesta concluyó de manera pacífica, sin incidentes mayores. Sin embargo, los conductores advirtieron que continuarán alzando la voz y manteniendo sus movilizaciones hasta obtener respuestas concretas por parte de las autoridades del Instituto de Movilidad de Quintana Roo.

Los operadores señalaron que su principal demanda es contar con un marco legal claro y justo que les permita desarrollar su trabajo sin estar sujetos a sanciones que, en su opinión, solo obstaculizan su labor y ponen en riesgo su sustento.

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