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jueves, septiembre 19, 2024

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El gobierno federal expropia 88 inmuebles para concluir el Tren Maya a 18 días del fin del mandato de AMLO

La administración de López Obrador acelera las últimas fases del Tren Maya con la expropiación de terrenos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, bajo la figura de utilidad pública.

A tan solo 18 días de que finalice el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal ha dado a conocer la expropiación de 88 inmuebles de propiedad privada en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Esta acción forma parte del impulso final para asegurar la culminación del proyecto emblemático del Tren Maya, una de las obras de infraestructura más importantes del sureste mexicano.

El decreto correspondiente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el que se especifica que los terrenos expropiados abarcan un total de 62 hectáreas, lo que equivale a una superficie de 623,130.83 metros cuadrados. Estos predios serán utilizados para continuar la construcción de los tramos 2, 3, 5, 6 y 7 del Tren Maya.

Afectaciones en Quintana Roo

En el estado de Quintana Roo, la medida ha impactado a 29 predios. La mayoría de estos terrenos, 16 en total, se encuentran en el municipio de Othón P. Blanco, donde se desarrolla el tramo 6 del Tren Maya. Además, en este mismo tramo también se han expropiado tierras en los municipios de Tulum y Felipe Carrillo Puerto. Asimismo, en el tramo 5, el gobierno ha realizado la expropiación de seis predios ubicados en el municipio de Solidaridad.

Expropiaciones en Yucatán y Campeche

En el estado de Campeche, los municipios de Escárcega, Hecelchakán, Champotón y Calakmul han sido afectados por la expropiación de terrenos. De manera similar, en el estado de Yucatán, la medida ha impactado a predios en los municipios de Chocholá, Mérida, Umán, Kanasín, Tixpéhual y Cacalchén, lo que permitirá avanzar en la construcción de los tramos que atraviesan estas regiones.

El gobierno federal ha defendido la expropiación bajo la figura legal de “causa de utilidad pública”, argumentando que es indispensable para completar las obras del Tren Maya. Esta medida busca garantizar que el proyecto, que tiene como objetivo conectar los principales destinos turísticos y arqueológicos del sureste del país, pueda concluirse en tiempo y forma antes de que termine la administración actual.

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