La Rosita, Quintana Roo: Calica pierde recurso legal para levantar clausura
El Poder Judicial de la Federación ha rechazado la solicitud de amparo presentada por la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica) contra la clausura impuesta por el gobierno federal en 2022 sobre su zona de extracción de material pétreo en el predio La Rosita, ubicado en Quintana Roo.
El revés legal para la trasnacional se ha confirmado mediante un acuerdo emitido el martes dentro del juicio de amparo indirecto 806/2023. El Juzgado Segundo de Distrito ha declarado el sobreseimiento del juicio de garantías promovido por Calica, filial de la empresa estadounidense Vulcan Materials Company.
El documento del expediente establece: “Se sobresee en el juicio de amparo promovido por (…) contra los actos que reclamo de la Directora General de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y otra”.
La demanda de Calica contra la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se basaba en la falta de levantamiento de la clausura sobre La Rosita, tras una solicitud administrativa realizada en 2023.
El expediente vinculado detalla: “Reclamó actos derivados de la orden y acta de número (…) levantada el cinco de mayo de dos mil veintidós, en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sobre el predio ‘La Rosita’. Además, de la lectura del escrito inicial de demanda y del escrito de cuenta, se advierte que la moral quejosa a través de su apoderado legal, reclama la orden y acta, ambas con número de identificación (…) de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, en materia de impacto ambiental”.
La clausura realizada el 5 de mayo sobre La Rosita es la que actualmente mantiene suspendida la extracción de material pétreo en la zona. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado su intención de expropiar los terrenos del particular, ubicados aproximadamente a 10 kilómetros al sur de Playa del Carmen, para convertirlos en Área Natural Protegida (ANP).
Además, Vulcan Materials Company ha iniciado un juicio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), en el que busca que el gobierno de México le compense con mil 500 millones de dólares por daños y perjuicios.
