El alarmante aumento de fraudes inmobiliarios en Quintana Roo ha sido impulsado por la falta de regularización entre los asesores, ya que solo una pequeña fracción cuenta con los permisos legales necesarios para operar, exponiendo a los compradores a riesgos significativos.
En el estado de Quintana Roo, solo uno de cada diez asesores inmobiliarios cuenta con la matrícula oficial requerida por la Ley Inmobiliaria, lo que ha provocado un aumento en los fraudes en la venta de propiedades, especialmente en la región sur de la entidad. Patricia Mora, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Cancún, detalló que, a pesar de los esfuerzos conjuntos con la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable para regularizar la situación, todavía persisten grandes brechas en el cumplimiento de la ley.
De los aproximadamente cinco mil agentes inmobiliarios que operan en Quintana Roo, solo 600 están registrados de manera legal, mientras que alrededor de mil asesores se encuentran en lista de espera para obtener su matrícula. Este bajo porcentaje de regularización ha generado preocupación, ya que la falta de documentos oficiales no solo pone en riesgo a los compradores, sino que también facilita la proliferación de fraudes inmobiliarios.
“Estamos trabajando para incrementar el número de asesores matriculados, lo que es vital para brindar seguridad y certeza jurídica a las personas que buscan adquirir propiedades en el estado”, comentó Mora.
En la región norte de Quintana Roo, particularmente en áreas como la Ruta de los Cenotes y el libramiento Huayacán, se han incrementado los operativos para clausurar desarrollos ilegales. Hasta la fecha, se han cerrado al menos 15 mil lotes que no contaban con permisos ni servicios básicos, los cuales eran ofrecidos a precios bajos para atraer a compradores incautos.
Sin embargo, el problema se agrava en el sur del estado, donde los fraudes inmobiliarios son aún más frecuentes. La AMPI ha emitido múltiples alertas sobre el aumento en la venta de terrenos irregulares en zonas como Bacalar y Xul-Há. Jaime Aguilar Cheluja, presidente de la AMPI en la región sur, destacó que las redes sociales se han convertido en el principal canal para estos fraudes, con anuncios que, a primera vista, parecen legales, pero que esconden una realidad engañosa.
“Hemos informado a las autoridades sobre individuos que estafan a compradores de buena fe, ofreciéndoles terrenos que no cuentan con los permisos necesarios ni están dentro de los programas de desarrollo urbano”, señaló Aguilar Cheluja.
Las personas, en el mejor de los casos, compran terrenos que no se pueden regularizar, mientras que en el peor, transfieren grandes sumas de dinero para luego descubrir que los documentos proporcionados son falsos o que los vendedores ni siquiera son los dueños de las propiedades.
En Bacalar, solo tres fraccionamientos han sido legalmente autorizados desde 2021, y todo lo demás corresponde a desarrollos irregulares que siguen proliferando ante la falta de acciones contundentes para frenar este tipo de operaciones. La Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo ha identificado que muchos de estos fraudes están siendo orquestados por grupos originarios de Yucatán, quienes están aprovechando el creciente interés en la región debido a la construcción del Tren Maya, para ofrecer “terrenos de oportunidad” a inversionistas desprevenidos.
Ante la gravedad de la situación, la AMPI en el sur del estado ha propuesto coordinar esfuerzos con la Policía Cibernética de la Guardia Nacional para combatir la venta ilegal de propiedades a través de plataformas digitales, donde se han detectado un número creciente de estafas.
La falta de regularización de los asesores inmobiliarios, sumada al aumento en el interés por invertir en el sur de Quintana Roo, ha generado un entorno propicio para los fraudes, dejando a miles de personas en riesgo de perder sus inversiones. Las autoridades y asociaciones como la AMPI continúan trabajando para aumentar la legalización de los asesores y frenar los desarrollos irregulares, pero queda un largo camino por recorrer para brindar seguridad a los compradores en el estado.
