Tras un extenso debate de casi 14 horas, se aprobó la reforma que restablece a Pemex y CFE como “empresas públicas”, lo que generó tensiones y confrontaciones entre los legisladores.
La madrugada de este viernes, la Cámara de Diputados dio luz verde a un proyecto de reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que restablece la denominación de “empresas públicas” para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Después de una intensa jornada de discusión que se prolongó por casi 14 horas y la aceptación de una de las 261 reservas presentadas, el dictamen fue aprobado con 350 votos a favor, 111 en contra y una abstención.
El nuevo decreto, respaldado por las fracciones parlamentarias de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), elimina el término “empresas productivas” que se otorgó a estas entidades en la reforma energética de 2014. Además, otorga a la CFE una prevalencia sobre las empresas privadas en el sector eléctrico, estableciendo que “las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado”.
La reforma fue remitida al Senado de la República para su revisión y posible ratificación. Durante el debate, el bloque oficialista aprobó una reserva presentada por los legisladores morenistas Ricardo Monreal y Ana Elizabeth Ayala, que exime al Estado mexicano de responsabilidades en la transición hacia energías limpias, eliminando un párrafo clave que estipulaba que el Estado debía hacerse cargo de dicha transición de manera sustentable.
Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, defendió la propuesta, asegurando que permitirá recuperar la rectoría del Estado en los sectores estratégicos de electricidad y hidrocarburos. Destacó que las leyes secundarias definirán la participación de la CFE con al menos el 54 por ciento del mercado eléctrico, asegurando la inversión privada en un 46 por ciento sin que se afecten sus intereses.
La discusión, sin embargo, estuvo marcada por fuertes enfrentamientos verbales entre los diputados. Durante uno de los intercambios, un grupo de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) abucheó a la morenista Dolores Padierna tras una reprimenda por exceder su tiempo de intervención. La presidenta de la Comisión de Energía, Rocío Abreu, también tuvo un cruce de palabras con diputadas panistas, defendiendo con vehemencia la posición de su bancada y acusando a sus oponentes de ignorancia.
Por su parte, la diputada Josefina Gamboa, del PAN, criticó la veracidad del discurso de Abreu, recordando que ella había apoyado la reforma energética en 2013 y acusándola de cambiar de postura por conveniencia. El legislador del PRI, Arturo Zamora, advirtió que el dictamen aprobado infringe principios constitucionales en materia de derechos humanos, así como la prohibición de monopolios, además de poner en riesgo los tratados comerciales con Estados Unidos y Canadá.
En su contenido, la reforma resalta que la planeación y control del sistema eléctrico nacional busca garantizar el suministro eléctrico a precios accesibles, priorizando la seguridad y autosuficiencia energética del país a través de las empresas públicas. A pesar de las mociones suspensivas presentadas por el PAN y Movimiento Ciudadano para detener el avance del proyecto y devolverlo a comisiones, la mayoría de Morena y sus aliados optaron por continuar con la votación.
Entre las propuestas que fueron desechadas, destaca la del coordinador del PRI, Rubén Moreira, que proponía reconocer el acceso a la electricidad como un derecho humano y asegurar el suministro a las personas de menores ingresos. Con este contexto, la reforma aprobada no solo redefine la naturaleza de Pemex y CFE, sino que también marca un rumbo significativo para el futuro del sector energético en México, estableciendo un marco que favorece la intervención del Estado frente a los intereses privados.
