La nueva reforma energética aprobada por el Senado, que fortalece el control del Estado sobre CFE y Pemex, enfrenta una fuerte oposición, preocupada por los efectos económicos y posibles tensiones con el T-MEC.
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Energía del Senado de la República aprobaron una nueva reforma energética, que contó con el voto en contra de los partidos de la oposición. Esta iniciativa, que revierte la reforma energética de 2013 impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, ha generado polémica por su impacto en áreas estratégicas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
La minuta, que fue enviada al Senado por la Cámara de Diputados, modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. El objetivo principal de esta reforma es garantizar que el Estado mexicano asuma el control total de la transición energética, utilizando de manera sustentable todas las fuentes de energía disponibles en el país. Esto se hace con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes, en un esfuerzo por mitigar el cambio climático.
El significado de la reforma: una lucha por el patrimonio energético
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, afirmó que esta reforma es una respuesta directa a lo que calificó como un “saqueo” de los recursos energéticos del país. Según el legislador morenista, la reforma constitucional busca reivindicar el patrimonio del pueblo de México al devolverle el control sobre sus recursos energéticos, que fueron explotados en beneficio de intereses privados tras la reforma de 2013.
Cantón Zetina señaló que la reforma impulsada por Peña Nieto tenía como único propósito apropiarse de los recursos e infraestructuras públicas para convertirlos en fuentes de riqueza privada. En contraste, la nueva iniciativa defiende una “democracia energética”, en la que los recursos naturales del país estén destinados al beneficio de la población, y no de corporaciones extranjeras.
“La reforma de 2013 fragmentó a Pemex y CFE, debilitando su capacidad competitiva”, comentó Cantón. Añadió que la nueva reforma energética pone fin a este proceso y busca unir lo que fue desintegrado. “El humanismo mexicano no permitirá que persistan divisiones que perjudican al país”, concluyó.
Advertencias de la oposición: riesgo para las inversiones y el T-MEC
Durante la discusión en comisiones, diversos representantes de la oposición expresaron su preocupación sobre los posibles efectos negativos de la reforma. Una de las principales críticas fue que la iniciativa podría generar fricciones en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que se llevará a cabo en el próximo año.
Miguel Riquelme, senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió que la reforma podría ahuyentar inversiones en el sector energético debido a la falta de claridad en su impacto sobre el T-MEC. Riquelme destacó que México ha abierto su mercado energético a la inversión extranjera en los últimos años, y este retroceso podría afectar negativamente la confianza de los inversionistas internacionales.
Además, el priísta mencionó que la desaparición de órganos autónomos, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), representaría otro golpe para el sector. Según Riquelme, estas instituciones garantizan la transparencia y la competencia en el mercado energético, y su eliminación podría agravar los problemas de inversión.
Por su parte, Luis Donaldo Colosio, del partido Movimiento Ciudadano (MC), señaló que la reforma coloca a México en un conflicto directo con las cláusulas del T-MEC, al restringir sectores que previamente se habían abierto a la inversión internacional. “Esto va a generar disputas con nuestros socios comerciales más importantes, lo que tendrá repercusiones negativas para nuestra economía”, advirtió Colosio, subrayando que la relación con Estados Unidos y Canadá podría deteriorarse como resultado de estas medidas.
Perspectivas a largo plazo y el debate sobre privatizaciones
El senador Saúl Monreal, que también participó en el debate, argumentó a favor de la reforma, criticando las consecuencias de las privatizaciones que comenzaron mucho antes de la reforma energética de 2013. Según Monreal, la venta de más de mil 500 empresas paraestatales durante décadas enriqueció a unos pocos, mientras empobreció a la mayoría de los mexicanos. En su opinión, esta reforma es un paso crucial para revertir esas políticas que afectaron negativamente al país.
A pesar de las críticas de la oposición, la mayoría en el Senado respaldó la reforma, que busca reestablecer el control del Estado sobre las áreas estratégicas de Pemex y CFE. La discusión aún no ha terminado, ya que las posibles repercusiones en el ámbito comercial y económico seguirán siendo un tema clave en el debate público.
Con este nuevo capítulo en la política energética de México, el país se enfrenta a retos importantes tanto a nivel interno como en sus relaciones con sus socios comerciales internacionales. Las autoridades deberán gestionar cuidadosamente los impactos de esta reforma para evitar efectos adversos en la economía y el bienestar social.
