Una jueza federal de Veracruz ordenó a Claudia Sheinbaum y al director del Diario Oficial de la Federación retirar la publicación de la reforma judicial impulsada por el presidente López Obrador, estableciendo un plazo de 24 horas para cumplir con la sentencia.
Una jueza federal, con sede en el estado de Veracruz, ha dictado una orden que obliga a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al director del Diario Oficial de la Federación (DOF), Alejandro López González, a eliminar la publicación del decreto de reforma judicial emitido el 15 de septiembre de 2024 por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta resolución, que fue emitida por la titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito de Veracruz, Nancy Juárez Salas, establece que las autoridades tienen un plazo de 24 horas para acatar la sentencia una vez que hayan sido notificadas.
El incidente se originó dentro del amparo 823/2024, en el que se determinó que la Presidencia de la República no cumplió con la suspensión provisional que le fue otorgada previamente, y que le prohibía publicar la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación. La mencionada reforma había sido aprobada por el partido Morena y sus aliados en el Congreso federal, lo que generó diversas impugnaciones, entre ellas la que llevó a esta resolución judicial.
La jueza Juárez Salas fue enfática en su sentencia, señalando que si no se cumple con la eliminación de la publicación en el DOF, se dará parte al Ministerio Público de la Federación, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Amparo. Esta normativa contempla sanciones penales para aquellos que desacaten las órdenes judiciales derivadas de amparos, lo que podría desencadenar en procedimientos legales contra los responsables.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que la jueza ordena la eliminación de dicha reforma judicial. El pasado 20 de septiembre, otorgó una suspensión definitiva que debía haber resultado en la eliminación del decreto del Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, la administración del entonces presidente López Obrador tampoco acató esa decisión judicial, lo que ha derivado en esta nueva sentencia que reitera la necesidad de cumplir con el mandato.
El decreto de la reforma judicial, promovido por el presidente López Obrador y aprobado por los legisladores de su partido y sus aliados, ha sido objeto de controversia desde su inicio. Diversos sectores han presentado recursos legales en su contra, alegando que afecta principios constitucionales y podría vulnerar la independencia del poder judicial. Esta disputa ha llevado a múltiples recursos de amparo, uno de los cuales ha concluido con la resolución de la jueza Juárez Salas en Veracruz.
La sentencia marca un nuevo capítulo en las tensiones entre el poder ejecutivo y el judicial, y podría derivar en sanciones adicionales si no se cumple con la orden de la jueza. Se espera que, en las próximas horas, la Presidencia de la República y el Diario Oficial de la Federación sean notificados formalmente sobre la sentencia y que se tomen las medidas necesarias para cumplir con la eliminación de la publicación.
A medida que el plazo de 24 horas establecido por la jueza avanza, las miradas están puestas en cómo responderán las autoridades implicadas. De no cumplirse la orden, el Ministerio Público de la Federación podría intervenir para investigar y determinar responsabilidades penales. La Ley de Amparo es clara en cuanto a las consecuencias del desacato, lo que añade presión para que la sentencia sea cumplida de manera oportuna.
El caso también ha generado un amplio debate sobre la relación entre los poderes del Estado y el papel del Poder Judicial en la protección de los derechos y garantías de los ciudadanos. La resolución de la jueza Juárez Salas refuerza el mensaje de que las decisiones judiciales deben ser respetadas, incluso en temas de gran relevancia política como la reforma judicial.
Por el momento, se espera que la próxima actualización sobre este caso provenga de la Presidencia o del Diario Oficial de la Federación, que deberán informar si han cumplido con la sentencia. Mientras tanto, la comunidad jurídica y la sociedad civil siguen de cerca este proceso, conscientes de su importancia para el estado de derecho en el país.
