La fuente QR – En la Supermanzana 93 de Cancún, una tragedia conmocionó a la comunidad cuando una niña de 10 años fue encontrada sin vida, víctima de un brutal ataque. Este caso se suma a la lista de violencia infantil, donde el padrastro asesino brutalmente a niña en Cancún, dejando un profundo impacto en la sociedad y las autoridades.

Hallazgo y detención del presunto agresor
La madre de la menor la encontró gravemente herida con arma blanca al regresar del trabajo. A pesar de la rápida solicitud de auxilio, la niña ya había fallecido. El presunto responsable, su padrastro, estaba presente en el lugar y, según informes, se encontraba bajo los efectos de drogas.
La fiscalía general del Estado (FGE) de Quintana Roo abrió una carpeta de investigación por feminicidio infantil y confirmó que detienen a padrastro por feminicidio en coordinación con la Policía Municipal de Benito Juárez. Las autoridades acordonaron la vivienda para recabar evidencias que serán fundamentales en el proceso judicial.
Perfil del agresor y contexto social
Diversos reportes señalan que el hombre convivía con la víctima y podría estar bajo consumo de drogas al momento del crimen. Se menciona que era policía municipal activo, aunque esta información está en proceso de confirmación.
Este escenario refleja un entorno familiar vulnerable, en donde la protección a la infancia debe reforzarse, sobre todo en hogares con antecedentes de violencia o problemas de adicciones.
Marco legal y sanciones previstas
Según el Código Penal de Quintana Roo (artículo 89-Bis), el feminicidio de una menor puede recibir una condena de entre 30 y 50 años de prisión, además de multas que oscilan entre 169,710 y 339,420 pesos.
La presidenta municipal, Ana Paty Peralta, calificó el hecho como “atroz” y exigió que se aplique todo el peso de la ley para garantizar justicia. La FGE ratificó su compromiso de no tolerar violencia contra menores e impulsar procesos sin impunidad.
Reflexión y llamado a la protección infantil
Este trágico caso en Cancún subraya la urgencia de revisar y fortalecer los mecanismos de control y protección en los hogares, especialmente donde existen riesgos evidentes de violencia o consumo de sustancias.
La investigación judicial será clave para esclarecer la participación exacta del padrastro y asegurar que se haga justicia por esta menor.