El 10 de junio de 2025, se registraron bombas en Colombia en una serie de ataques simultáneos en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca. Las explosiones y tiroteos provocaron siete muertos y 28 heridos, entre ellos civiles, policías y miembros del Ejército. Los hechos han encendido las alertas en todo el país y despertando temores sobre una nueva escalada violenta.
Estos ataques han sido considerados una ofensiva planificada para generar terror, justo en momentos en que el gobierno intenta avanzar con su política de reconciliación nacional. La población, aún conmovida, exige respuestas claras y medidas contundentes.
Bombas en Colombia serían obra de disidencias armadas
Las autoridades atribuyen los atentados al Estado Mayor Central, una de las disidencias de las FARC que rechazó el acuerdo de paz de 2016. Este grupo armado busca recuperar el control de territorios estratégicos en el suroeste del país, afectando directamente a comunidades que ya han sufrido décadas de violencia.
La ofensiva se centró en municipios como Caloto, Jamundí y Cali, lo que evidencia una operación bien coordinada. La repetición de las bombas en Colombia en varias localidades indica un patrón organizado de confrontación que pone en riesgo la estabilidad de toda la región.
En este contexto, se volvió urgente analizar los recientes atentados en Colombia y los desafíos que representan para el Estado y las instituciones de seguridad.
El gobierno responde con despliegue y recompensas
Ante el estallido de violencia, el gobierno del presidente Gustavo Petro movilizó tropas a las zonas afectadas y ofreció recompensas por información que permita identificar y capturar a los responsables. Las primeras investigaciones ya están en curso, mientras la comunidad internacional observa con preocupación.
Estos ataques también se producen pocos días después de un intento de asesinato contra el senador Miguel Uribe, lo que refuerza la percepción de vulnerabilidad del aparato estatal. El fortalecimiento de la seguridad y la coordinación interinstitucional serán clave para evitar una nueva ola de violencia.
Preocupación por una crisis de seguridad estructural
Los hechos recientes han revivido temores de un retroceso hacia los niveles de violencia guerrillera de las décadas de los 80 y 90. Pese a los esfuerzos del gobierno por implementar su modelo de paz total, la presencia activa de grupos armados ilegales evidencia que el camino hacia la reconciliación aún enfrenta grandes obstáculos.
La crisis de seguridad en Colombia es profunda y estructural. No basta con acuerdos en papel: la ciudadanía exige resultados tangibles que les devuelvan la tranquilidad. Organizaciones de derechos humanos y colectivos civiles han llamado a un enfoque más integral que aborde las causas sociales y económicas del conflicto armado.
