La Corte Suprema de Argentina ratificó este martes la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner. La decisión marca un giro determinante en la vida política de la exmandataria y sacude el panorama electoral.
Corte Suprema de Argentina deja firme fallo por fraude
El máximo tribunal rechazó el recurso de queja presentado por Fernández, consolidando el fallo dictado por el tribunal oral en 2022. También respaldó la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que mantuvo la condena por corrupción en el caso “Vialidad”.
Este caso involucra la adjudicación de obras públicas a Lázaro Báez, empresario cercano a Fernández, durante su presidencia. Según el fallo, se produjeron manejos fraudulentos de fondos estatales para beneficiar al empresario en la Patagonia.
Cristina Fernández denuncia persecución política
La expresidenta negó todos los cargos y calificó el fallo como una maniobra política.
“Es un fallo absolutamente viciado en cada aspecto del proceso”, dijo una fuente cercana.
“La Corte Suprema filtró a los medios el contenido del fallo hace 10 días. Es una vergüenza y por eso denunciamos persecución y proscripción”, agregó.
La líder peronista había anunciado recientemente su intención de competir por una diputación en las elecciones legislativas de septiembre, dentro de un distrito clave de la provincia de Buenos Aires.
Reacciones del peronismo y del oficialismo de Milei
La sentencia podría convertirse en un punto de unión para el peronismo, que atraviesa divisiones tras la derrota electoral de 2023. Decenas de militantes, legisladores y gremios se movilizaron en apoyo a Fernández en la sede del Partido Justicialista.
El oficialismo, encabezado por el presidente Javier Milei, se mantiene al margen, pero analiza cómo capitalizar las fracturas en la oposición en el marco de las próximas elecciones legislativas.
Situación judicial: prisión o arresto domiciliario
Debido a que Cristina Fernández tiene más de 70 años, será un tribunal inferior quien decida si cumple la condena en prisión o bajo arresto domiciliario. Este aspecto técnico se vuelve central en los próximos pasos judiciales.
Además, el contexto electoral y su intención de volver al Congreso como diputada complican el escenario político, donde se cruzan intereses judiciales, electorales y mediáticos.