El sistema judicial argentino ha tomado una decisión histórica: procesan al expresidente argentino Alberto Fernández por presuntas irregularidades en contratos de seguros durante su mandato. Esta resolución ha sacudido el panorama político de Argentina, al involucrar también a colaboradores cercanos y revelar una compleja red de intereses económicos entre funcionarios y allegados.
Investigación judicial expone red de beneficios en contratos estatales
El juez Sebastián Casanello determinó que existen indicios suficientes para procesar al exmandatario bajo el cargo de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. De acuerdo con el fallo, procesan al expresidente argentino Alberto Fernández debido a su vinculación con un decreto que habría favorecido directamente a Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaria privada, María Cantero.
Este decreto, publicado en diciembre de 2021, establecía que todas las dependencias estatales debían contratar seguros únicamente con Nación Seguros, vinculada al Banco Nación. La empresa intermediaria, dirigida por Martínez Sosa, habría recibido millonarias comisiones por estas operaciones.
María Cantero y funcionarios clave bajo la lupa judicial
Además de Alberto Fernández, otras 33 personas han sido procesadas, incluyendo a María Cantero, su secretaria privada, y Alberto Pagliano, entonces presidente de Nación Seguros. A Cantero se le imputa por incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles, mientras que a Pagliano se le acusa de administración fraudulenta agravada.
Por otra parte, Martínez Sosa fue señalado como partícipe necesario del delito, por haber sido presuntamente beneficiado con ingresos ilegítimos bajo protección política.
Embargo histórico: más de 14 mil millones
En una decisión sin precedentes, el juez Casanello también embargó al expresidente Alberto Fernández por 14 mil 634 millones de pesos argentinos, equivalentes a más de 11 mil millones de dólares al tipo de cambio oficial. Este embargo busca garantizar la reparación de daños en caso de una condena definitiva.
El papel de Silvina Martínez y el fiscal Ramiro González
El origen del caso se remonta a una denuncia penal presentada por la abogada Silvina Martínez, quien acusó a Fernández de violación a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales. La denuncia se centró en el Decreto 831, que obligaba a los organismos estatales a contratar seguros únicamente con Nación Seguros, eliminando toda competencia en el sector.
Fue el fiscal federal Ramiro González quien tomó la denuncia y abrió formalmente la investigación en febrero de 2024.
Reacciones políticas y sociales
Mientras seguidores del expresidente denuncian una persecución política, opositores celebran la resolución judicial como un paso importante hacia la transparencia y la rendición de cuentas. El caso continúa abierto y se esperan nuevas audiencias en las próximas semanas.
