La comunidad bloquea reactores de Pemex como medida de presión para obtener mejoras en infraestructura, seguridad y transporte en la región. Estos equipos tienen un valor estratégico para el país y su detención compromete el avance de una inversión millonaria.
El 6 de junio de 2025 se confirmó que habitantes del municipio de Jilotepec, Estado de México, mantienen bloqueados desde enero dos mega-reactores de Pemex sobre la autopista México-Querétaro. Este hecho ha desatado una gran controversia, ya que los reactores son fundamentales para la reconfiguración de la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo.
Contexto del conflicto entre Pemex y la comunidad
Los reactores, que pesan más de 500 toneladas cada uno, fueron fabricados por la empresa india Larsen & Toubro y llegaron al puerto de Altamira hace más de un año. Tras iniciar su traslado terrestre, quedaron varados a 60 kilómetros de su destino debido al bloqueo de los pobladores.
El secuestro de unidades de Pemex ha sido encabezado por ejidatarios, líderes comunitarios y el propio presidente municipal, Rodolfo Noguez Barajas, del PRI. A través de esta acción, buscan negociar con el gobierno federal mejoras urgentes para su comunidad.
Demandas de la comunidad de Jilotepec
La protesta en Jilotepec contra Pemex tiene raíces profundas. Las demandas incluyen:
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Pavimentación de caminos rurales.
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Mayor presencia de la Guardia Nacional.
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Regulación del transporte público.
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Programas de apoyo para el campo.
Los pobladores afirman que han sido ignorados por años, y utilizar los reactores como “moneda de cambio” es su única forma de obtener atención real del gobierno.
Implicaciones nacionales del bloqueo a Pemex
Pemex ha calificado el bloqueo como una acción ajena a la operación del proyecto, pero que genera graves consecuencias económicas. El hecho de que la comunidad bloquee reactores de Pemex ha puesto en pausa una obra valuada en más de 7 mil millones de pesos, lo que afecta directamente la autosuficiencia energética del país.
Se teme que este precedente motive a otras comunidades a realizar acciones similares ante conflictos sociales no resueltos.
