La renta de vientres en CDMX continúa generando dudas, debates y preocupaciones éticas. Aunque el tema ha sido discutido desde hace más de una década, hasta junio de 2025 sigue sin una regulación formal, lo que complica los procesos de subrogación para muchas familias y mujeres gestantes.
Renta de vientres en CDMX: situación actual
Hasta hoy, la renta de vientres en CDMX no está ni permitida ni prohibida por la ley. En 2010, el Congreso local aprobó una iniciativa de ley, pero nunca fue publicada en la Gaceta Oficial. Esto impidió su entrada en vigor.
Durante 2023 y 2024 se propusieron reformas impulsadas por colectivos feministas y de diversidad familiar, pero ninguna logró avanzar en el Congreso local. En 2025, este vacío legal persiste, lo que representa un reto tanto para quienes buscan formar una familia como para las mujeres que ofrecen este servicio de forma altruista o comercial.
¿Dónde sí es legal la subrogación en México?
En contraste con la renta de vientres en CDMX, la gestación subrogada en Ciudad de México no tiene respaldo jurídico. Sin embargo, en los estados de Tabasco y Sinaloa, esta práctica sí está regulada.
Solo se permite a ciudadanos mexicanos, y existen requisitos como vínculos genéticos y revisión judicial del contrato. Desde 2021, Tabasco prohibió el acceso a extranjeros tras varios casos polémicos de explotación.
Costos y riesgos de la renta de vientres en CDMX
Los costos estimados para un proceso completo de renta de vientres en CDMX van desde $900,000 hasta $1,200,000 pesos mexicanos, aunque pueden variar según la agencia, las condiciones del acuerdo y los servicios incluidos.
En la capital del país, la ausencia de una ley provoca incertidumbre jurídica: los contratos no tienen valor legal real, lo que pone en riesgo los derechos de las partes involucradas. Además, existen dilemas éticos sobre la posible explotación de mujeres vulnerables.
Riesgos sociales y éticos sin regulación
La situación legal de la gestación subrogada en México ha generado amplias críticas. Organizaciones de derechos humanos y grupos feministas alertan sobre el riesgo de explotación reproductiva, especialmente en contextos de pobreza.
También existe preocupación por el estatus legal del bebé nacido bajo estas condiciones. Sin legislación clara, el registro civil y los derechos parentales pueden complicarse gravemente, generando conflictos legales posteriores.
Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha advertido que se necesita una ley nacional uniforme para proteger a todas las partes involucradas y garantizar derechos humanos.
