Los empleados del Poder Judicial de la Federación continúan con su huelga en rechazo a la reforma del poder, desobedeciendo las directrices emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Varios centros del Poder Judicial de la Federación han reportado que los trabajadores se niegan a reintegrarse a sus labores, a pesar de la orden del CJF de reanudar actividades. Esta situación se ha observado en el Palacio de Justicia de San Lázaro y en el edificio Prisma, ubicado en la avenida Insurgentes.
Hasta el momento, no se han emitido circulares por parte de los juzgados y tribunales que decreten la reanudación de labores, lo que ha permitido que el paro persista.
Continúa el paro en San Lázaro
Los trabajadores del Poder Judicial en el Palacio de Justicia de San Lázaro mantienen, desde este lunes, su paro de actividades como medida de protesta contra la reciente reforma que afecta a esta institución. Desde tempranas horas de la mañana, han instalado mantas, carpas y sillas en las inmediaciones de la entrada principal, con el objetivo de mantener cerrado el acceso al edificio.
Esta decisión de continuar con la huelga se anunció la semana pasada, cuando los empleados expresaron que no existen las condiciones adecuadas para retomar sus funciones dentro del Poder Judicial.
El jueves anterior, Héctor Orduña, magistrado de circuito, expuso la postura de los trabajadores y de los responsables de los 63 órganos jurisdiccionales que operan en la sede. “Hemos luchado por la independencia judicial, un principio fundamental que debe caracterizar a jueces y magistrados. Tras reuniones y discusiones, hemos llegado a la conclusión de que no hay condiciones para que ingresamos, y no se puede obligar al personal a trabajar,” comentó.
Orduña enfatizó que esta decisión es exclusiva del personal del Palacio de Justicia de San Lázaro. En la reunión, se discutieron las posibles sanciones que podrían enfrentar por el paro, pero el magistrado reiteró que “toda manifestación tiene consecuencias.”
Este paro en el Poder Judicial refleja el descontento de los trabajadores hacia la reforma, que consideran que compromete la independencia y libertad de la institución, y plantea serias dudas sobre el futuro del sistema judicial en el país.