La iniciativa, considerada por algunos como un cambio profundo en el diseño institucional del país, avanza hacia las legislaturas estatales para su discusión y posible ratificación.
El Senado de la República dio luz verde a una reforma constitucional que ha generado intensos debates en diversos sectores. Con 86 votos a favor y 40 en contra, se aprobó en lo general y en lo particular la propuesta conocida como la “reforma de simplificación orgánica”. Esta medida elimina varios organismos autónomos clave y transfiere sus facultades a dependencias del Gobierno federal.
La iniciativa, presentada originalmente en febrero por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y promovida por la actual presidenta Claudia Sheinbaum, busca centralizar atribuciones en áreas estratégicas como telecomunicaciones, transparencia, competencia económica y energía, entre otras. Ahora, el dictamen será enviado a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México para su análisis y posible aprobación, antes de su promulgación oficial.
Entre los cambios más destacados está la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Las funciones de estas entidades serán absorbidas por dependencias como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Economía.
En el ámbito educativo, se elimina el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, mientras que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) verá sus funciones integradas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Por otro lado, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y otros organismos reguladores relacionados con el sector energético también serán disueltos, otorgando al Ejecutivo el control exclusivo en estas áreas.
Los recursos obtenidos por la desaparición de estas entidades se redirigirán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, mientras que las autoridades aseguran que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores afectados por esta reestructuración.
En cuanto a transparencia y protección de datos personales, la reforma establece que las propias dependencias gubernamentales serán responsables de garantizar estos derechos a través de sus unidades internas, eliminando la necesidad de un organismo autónomo dedicado a este propósito.
Además, el Ejecutivo asumirá la tarea de investigar y sancionar prácticas monopólicas y regular los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión. Para implementar los cambios, el Congreso deberá expedir leyes secundarias en un plazo de 180 días.
La oposición y diversas organizaciones civiles han criticado esta medida, argumentando que centraliza excesivamente el poder en el Ejecutivo, compromete la autonomía de los órganos reguladores y debilita la rendición de cuentas y la transparencia. Sin embargo, los defensores de la reforma sostienen que estas modificaciones reducirán costos, eliminarán redundancias y fortalecerán la eficiencia del Gobierno.
