La clausura definitiva de Dolphinaris Barceló, impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), marca un precedente en la lucha por la protección de mamíferos marinos en cautiverio. Esta medida se aplicó tras detectarse múltiples irregularidades y violaciones graves en el trato a delfines por parte del establecimiento operado por Acuario Arrecifal, S.A. de C.V.
Clausura definitiva y millonaria sanción
La Profepa ejecutó la clausura del recinto Dolphinaris Barceló luego de una exhaustiva inspección realizada desde febrero de este año. En la revisión se documentaron al menos siete infracciones graves, entre las que destacan:
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El uso de delfines en espectáculos sin autorización.
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Actividades con ejemplares durante periodos de tratamiento médico.
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Sobrecupo de visitantes en interacciones con fauna marina.
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Temperaturas del agua fuera del rango permitido.
Además de los sellos de clausura, se impuso una multa por $7,526,240 pesos, debido a la gravedad de las violaciones encontradas.
El caso de Mincho, un delfín violentado
Una historia de negligencia
Uno de los casos más alarmantes detectados fue el del delfín Mincho, quien en 2020 se impactó contra una plancha de concreto durante una acrobacia no autorizada. Aunque el accidente le provocó una lesión ocular grave, no fue reportado a las autoridades competentes como exige la normativa vigente.
Violaciones a su recuperación médica
Pese a tener una incapacidad médica de 15 días, Mincho fue reincorporado a las actividades del parque tan solo dos días después del incidente. Hoy, el ejemplar presenta daño severo en ambos ojos, por lo que ya no participa en exhibiciones de alto impacto. Este hecho fue clave para determinar el trato indigno y justificar la clausura del establecimiento.
Otras irregularidades detectadas
Riesgo para delfines y visitantes
Durante la inspección, los agentes federales identificaron otras prácticas alarmantes:
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Interacciones masivas sin supervisión.
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Ausencia de evaluaciones médicas periódicas.
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Falta de planes de manejo adecuados.
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Uso excesivo de los animales en condiciones adversas.
Estas acciones reflejan una gestión deficiente del bienestar animal, afectando tanto a los delfines como a los visitantes, quienes fueron expuestos a riesgos al no respetarse los protocolos adecuados.
Denuncia penal ante la FGR
La Profepa no se limitó a la clausura administrativa: también interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, con base en el artículo 420 del Código Penal Federal, por posibles delitos cometidos contra mamíferos marinos.
Declaración oficial de la autoridad
“La ley es clara: quien tenga bajo su cuidado mamíferos marinos debe garantizar su bienestar. La clausura de Dolphinaris Barceló es un paso firme en esa dirección”, afirmó Mariana Boy Tamborrell, titular de la Profepa.
Este paso refleja la intención de endurecer el castigo ante el maltrato sistemático a especies protegidas.
Dolphinaris Barceló: un símbolo de lo que no debe repetirse
La clausura del Dolphinaris Barceló ha generado un fuerte eco en la opinión pública, pues pone en evidencia las condiciones inadecuadas en las que operan algunos parques marinos. La ciudadanía exige mayor transparencia, vigilancia y rendición de cuentas para garantizar que estos centros cumplan con los estándares de trato digno hacia la fauna silvestre.
Reacciones y consecuencias sociales
La clausura ha encendido el debate entre organizaciones ambientalistas, defensores de los animales y el sector turístico. Mientras unos aplauden la medida como un ejemplo de justicia ambiental, otros cuestionan la viabilidad de los parques marinos como atractivo turístico sustentable.
