El pleno de la Cámara de Diputados aprueba en lo general y en lo particular la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar con mayoría del bloque oficialista
En una sesión que se prolongó hasta cerca de la medianoche de este martes, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones secundarias para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. La votación reflejó la mayoría del bloque oficialista conformado por Morena, PT y PVEM, con 251 votos a favor, mientras que 199 diputados de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano se pronunciaron en contra.
Este fondo, que se financiará en su mayor parte con los ahorros para el retiro no reclamados por personas de 70 años o más con cuentas inactivas, fue calificado como un “robo” por la oposición, que anunció su intención de promover una acción de inconstitucionalidad en caso de que las reformas sean aprobadas por el Senado de la República.
El documento, convertido en minuta tras su aprobación, fue remitido al Senado para su discusión y, de ser aprobado, su entrada en vigor.
A pesar del rechazo de las 230 reservas presentadas por la oposición, se aceptaron dos modificaciones al dictamen. Una de ellas, propuesta por el diputado Salvador Caro Cabrera de Morena, corrigió un error de redacción en el artículo 302 de la Ley del Seguro Social. La otra reserva, impulsada por el diputado oficialista Azael Santiago Chepi, garantiza que el fondo sea destinado a otorgar una pensión a los trabajadores.
Según las modificaciones realizadas, el Fondo de Pensiones para el Bienestar brindará recursos para procurar que los trabajadores que alcancen los 65 años de edad y cuya pensión sea igual o menor a 16,777.78 pesos, equivalente al salario mensual promedio registrado en 2023 en el IMSS, puedan recibir una pensión igual a su último salario. Además, se estableció que este beneficio será intransferible y estará sujeto a actualización anual conforme a la inflación.
Por último, se determinó que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado deberá concentrar el 75% de los remanentes netos que obtenga de la enajenación de bienes provenientes de entidades transferentes en la Tesorería de la Federación, mientras que el 25% restante será administrado de acuerdo a las disposiciones aplicables.
Estas decisiones marcan un hito en el ámbito legislativo y económico del país, promoviendo un sistema de pensiones más equitativo y accesible para los trabajadores mexicanos.
