El Congreso de Quintana Roo aprueba reformas clave para la suspensión y pérdida de patria potestad de padres que cometan feminicidio, homicidio, o incumplan obligaciones alimentarias, siguiendo la senda de otros estados mexicanos en la protección de menores.
En una decisión histórica, las diputadas y diputados del Congreso de Quintana Roo han aprobado reformas significativas y adiciones a diversas disposiciones del Código Civil y del Código Penal del estado. Estas modificaciones permiten la pérdida y suspensión de la patria potestad para padres que cometan feminicidio, homicidio y otros delitos graves, así como para aquellos que no cumplan con las obligaciones alimentarias.
Entre los delitos que ahora resultan en la suspensión de la patria potestad se incluyen también los graves contra la libertad y la seguridad sexual. La diputada Maritza Basurto Basurto, quien promovió esta iniciativa, subrayó la importancia de tomar medidas contundentes para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad, especialmente a niños, niñas y adolescentes.
La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jissel Castro Marcial, destacó que el marco jurídico local ahora establece diversas causales para la suspensión y pérdida de la patria potestad. Uno de los objetivos es evitar la repetición de patrones de conducta negativa y violenta. “Para nosotros, este punto específico de la reforma es crucial porque buscamos salvaguardar la integridad de las niñas, niños y adolescentes. Permitir que sigan bajo la custodia de un feminicida podría tener repercusiones en su desarrollo emocional o psicológico, o incluso llevar a la repetición de patrones de conducta,” afirmó Castro Marcial.
Con estas reformas, Quintana Roo se une a una lista de estados que han adoptado medidas similares, siguiendo el ejemplo de Puebla, Sinaloa, Ciudad de México, Tlaxcala, Nayarit, Colima, Tabasco, Guerrero y Estado de México.
¿Qué es la Ley Monzón?
La Ley Monzón, inspirada en la activista Cecilia Monzón, propone retirar la patria potestad a los padres que intenten o cometan feminicidio contra la madre de sus hijos. Además, establece penas de ocho años para los funcionarios que sean omisos o entorpezcan la investigación, y una inhabilitación de diez años.
Esta ley fue creada para velar por el interés superior del menor y asegurar su integridad bajo la custodia de su padre. Con la aprobación de estas reformas, Quintana Roo se convierte en el décimo estado en implementar la llamada “Ley Monzón”, la cual fue presentada ante el Congreso de Puebla en julio de 2022 tras el feminicidio de Cecilia Monzón, donde se identificó a su ex pareja como autor intelectual.
Estas reformas representan un paso significativo en la protección de los derechos y la integridad de los menores en Quintana Roo, alineándose con un movimiento nacional para fortalecer las leyes y garantizar un entorno seguro para los niños y adolescentes.
