La Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió a María Vanesa Pedraza Madrid, ex asesora de Genaro García Luna, por su probable responsabilidad en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, de acuerdo con información oficial difundida por la autoridad federal.
La detención se da como parte de una investigación encabezada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que indaga el uso del sistema financiero para presuntamente desviar recursos vinculados a actividades ilícitas.
Señalamientos por lavado de dinero
Según las indagatorias de la FEMDO, la detenida habría participado como apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., firma que presuntamente fue utilizada para canalizar recursos de origen ilícito mediante el sistema financiero nacional e internacional.
Las autoridades señalan que la ex asesora de Genaro García Luna habría tenido un rol relevante dentro de esta estructura financiera, lo que permitió el presunto movimiento irregular de fondos vinculados a la delincuencia organizada.
Fondos federales bajo investigación
De acuerdo con la FGR, María Vanesa Pedraza Madrid también estaría involucrada en el presunto desvío de recursos del Organismo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, así como de la Tesorería de la Federación.
Estos recursos habrían tenido como beneficiarios finales, entre otros, a Genaro García Luna y a integrantes de su núcleo familiar, lo que forma parte central de la carpeta de investigación en desarrollo.
Colaboración en la SSP
La detenida colaboró en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) entre los años 2001 y 2012, periodo en el que se desempeñó como asesora. Posteriormente, el 7 de octubre de 2019, fue nombrada apoderada legal de Nunvav, Inc. durante una asamblea extraordinaria de accionistas.
Este antecedente es considerado por la autoridad como un elemento clave para entender la presunta estructura financiera investigada.
Operativo de la AIC
La mujer fue ubicada en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, quienes actuaron en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
En el operativo participaron instancias como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia.
Puesta a disposición de la autoridad judicial
De acuerdo con la FGR, al momento de su detención se le leyeron sus derechos constitucionales y posteriormente fue trasladada para su certificación médica.
Tras ello, fue puesta a disposición de una autoridad judicial con sede en el Centro de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, donde el Ministerio Público Federal solicitará la audiencia inicial para formular la imputación correspondiente.
