Actualización, 5 de noviembre: Santiago Peña presentó este jueves su renuncia a la presidencia de Paraguay. Pese a ello, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con los 78 legisladores presentes, el juicio político en su contra, que pasa al Senado. También rechazó, por 48 votos contra 30, enjuiciar al vicepresidente Pedro Alliana. El Congreso fue convocado para tratar la renuncia; de aceptarla, Alliana asumiría la presidencia.
La disolución por insolvencia financiera del Ueno bank puso el miércoles 4 de noviembre contra las cuerdas al presidente de Paraguay, Santiago Peña, sobre cuya cabeza sobrevuela una iniciativa promovida por la oposición para someterlo a un juicio político en el Congreso por su presunta responsabilidad en la crisis financiera. El martes, el Banco Central del Paraguay (BCP) inició un procedimiento de resolución o cierre de Ueno, lo que dejó sin acceso a sus fondos a los más de 2,94 millones de clientes de la institución, según algunas fuentes, o cerca de tres millones de clientes, equivalentes a la mitad de la población, según otras. Las quejas de los afectados han sido el detonante de protestas en el centro de Asunción, la capital paraguaya, donde por segunda noche consecutiva se han concentrado centenares de personas, en medio de algunas escaramuzas con la Policía. Fervientes manifestaciones han congregado a miles de personas frente al Congreso y en las adyacencias del Panteón Nacional de los Héroes, con consignas como “Devuelvan nuestra plata” y “juicio a Santi Peña”, además de protestar contra la pésima prestación de los servicios de transporte y sanitarios. En las protestas, el manifestante Hamoudy Salem, un artista conocido como ‘Mr. H’ en los circuitos de rap estilo libre de Latinoamérica, gritó: “No hay medicamentos, la impunidad sigue en todas partes”.
El detonante financiero y la intervención del Banco Central
La decisión del Banco Central del Paraguay se adoptó por unanimidad y fue comunicada el martes. Respondió a una insuficiencia en el índice de solvencia de Ueno Bank, que cayó por debajo del 50 % del mínimo exigido por la regulación, tras ajustes realizados a sus estados financieros durante un proceso de regularización. El procedimiento está contemplado en la Ley 2.334/2003, que regula la garantía de depósitos y la resolución de entidades financieras, donde la Superintendencia de Bancos debe designar interventores para revisar la situación patrimonial, preservar activos y ejecutar actuaciones. Los servicios de la entidad, incluyendo aplicación y tarjetas, quedaron suspendidos. El BCP descartó un contagio sistémico y lo calificó como un caso particular. Sin embargo, la conducción del organismo también se vio afectada: el presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, presentó su renuncia a petición de Peña, aunque permanecerá en funciones mientras concluye la resolución. La crisis se originó tras el crecimiento acelerado de la entidad digital creada a fines de 2023.
Vínculos políticos y fondos públicos expuestos
El episodio adquirió una magnitud política mayúscula debido a los recursos estatales y previsionales depositados en la institución, los cuales superarían los 850 millones de dólares. Cerca de 355 o 380 millones de dólares correspondían al Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de jubilaciones y salud, cuyo límite de concentración se había superado, generando advertencias previas de asegurados. Además, el presidente Santiago Peña fue socio y accionista de Ueno Holding, del Grupo Vázquez, hasta marzo de 2025, y había defendido públicamente a la entidad en octubre de 2024 y octubre de 2025 frente a críticas, calificándolas de campaña mezquina y mentirosa, e incluso designó en su momento al exresponsable del banco al frente del BCP.
Acciones legales y detenciones de directivos
El Ministerio Público abrió una investigación a través de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción tras una denuncia del BCP de aproximadamente 200 páginas y cerca de 2.000 hojas en total. La fiscalía ordenó inicialmente la detención de ocho personas por posibles delitos de lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis y estafa. La Policía Nacional confirmó la custodia de seis: Juan Manuel Gustale (presidente de Ueno Bank), Federico Miguel Vázquez Villasanti (vicepresidente primero y titular del Grupo Vázquez, quien se presentó voluntariamente), Mariana Torres Rubiani, Julio Daniel Rey Fernández, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Alejandro Gómez Abente. Las órdenes de captura se extendieron también a Diana Leticia Mongelós González y Miguel Ángel Almada Frutos. En paralelo, la justicia ordenó el embargo preventivo de bienes y cuentas por más de 70 millones de dólares y más de un billón de guaraníes a sociedades del grupo controlador y directivos, mientras que el fiscal general Emiliano Rolón Fernández derivó una denuncia contra el propio mandatario a la misma unidad anticorrupción.
Respuesta legislativa y camino al juicio político
Para contener el impacto, Peña promulgó una ley aprobada en tiempo récord por el Legislativo para agilizar la entrega de recursos retenidos. Cada depositante podrá recibir un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes, mientras que el Fondo de Garantía de Depósitos contempla coberturas de hasta 40 salarios mensuales (121,7 millones de guaraníes o 19.787 dólares según unas fuentes, o hasta 75 salarios mensuales equivalentes a 228,3 millones de guaraníes o 38.000 dólares según otras) en un plazo que va de 24 horas hasta cinco días hábiles, descontando deudas pendientes. No obstante, esto no aplacó los ánimos. Diputados opositores como Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo, junto con disidentes, presentaron un libelo acusatorio con 35 firmas para activar el artículo 225 de la Constitución y debatir el juicio político el jueves 5 de noviembre. La crisis escaló aún más cuando el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, y el líder de la bancada oficialista en el Senado, Natalicio Chase, anunciaron que acompañarán el juicio político y reclamaron la renuncia del mandatario. El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, indicó que Peña se mantiene firme en su inocencia y quiere dar batalla. La destitución requiere dos tercios en Diputados y una mayoría absoluta de dos tercios en el Senado, un escenario que evoca la destitución de Fernando Lugo en 2012. Para los lectores en México, este caso ilustra el riesgo sistémico y operativo cuando una institución financiera digital de alto impacto sufre una intervención o resolución bancaria por problemas de solvencia, congelando temporalmente los ahorros de millones de usuarios y obligando a activar redes de protección financiera gubernamentales.
