Las tensiones al interior de la coalición gobernante salieron a la luz luego de una reunión privada entre la presidenta Claudia Sheinbaum y los líderes de la denominada Cuarta Transformación. Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) no lograron cerrar filas en al menos tres puntos centrales del llamado “Plan B” de la reforma electoral, revelaron dirigentes y diputados consultados por Latinus.
PVEM y PT rechazan la revocación de mandato en 2027
Arturo Escobar, dirigente del PVEM, y Alberto Anaya, del PT, manifestaron su oposición a que el ejercicio de revocación de mandato se realice de manera simultánea con los comicios federales del año próximo. Según asistentes al encuentro, el argumento central fue que dicha coincidencia provocaría que “los votos se carguen hacia Morena”, afectando así el desempeño electoral de los partidos aliados.
La propuesta del artículo transitorio
Ante esta preocupación, Escobar y Anaya propusieron la incorporación de un artículo transitorio que prohíba expresamente la realización del ejercicio de revocación de mandato durante 2027. “Ellos creen que por la popularidad de la presidenta, pueda disminuir significativamente su votación en las urnas el año próximo”, confirmaron fuentes presentes en la reunión.
El “candado” al artículo 35 constitucional: otro punto de quiebre
Un segundo frente de desacuerdo surgió en torno a la reforma al artículo 35 constitucional, referente a la consulta popular. El PVEM y el PT buscan blindarse ante la posibilidad de que mediante ese mecanismo se reduzca el número de curules y escaños que ambos partidos tienen en el Congreso de la Unión.
La postura frente a Sheinbaum
Frente a la presidenta, los líderes de ambas fuerzas coincidieron en que “en ese artículo, no vamos”. Anaya propuso un mecanismo de protección: cualquier consulta popular deberá ser aprobada previamente por la mayoría calificada de ambas cámaras. Puso como ejemplo hipotético que en el futuro pudiera realizarse una consulta para reducir el número de diputados, lo que podría volverse en su contra.
Respaldo y rechazo dentro del bloque
Escobar respaldó el planteamiento de Anaya al señalar “con esa redacción, nosotros también vamos”. Sin embargo, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, rechazó la propuesta argumentando que “si tu mayoría no pasó una reforma, tampoco va a pasar una consulta”, postura que fue secundada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Ante esa respuesta, Anaya reprochó que el PT recibe un trato como si fuera parte de la oposición, asegurando que “se nos pide el voto a cambio de nada”.
La reforma al Poder Judicial, fuera del “Plan B”
Un tercer punto de consenso entre las tres fuerzas políticas fue sacar la reforma al Poder Judicial del “Plan B” e incorporarla en un paquete legislativo separado. En dicho paquete se incluiría la eliminación del fuero que actualmente opera el ministro Arturo Zaldívar, con miras a que la elección de jueces y magistrados se realice en 2028 y no en las elecciones federales del próximo año.
De aprobarse esta propuesta, los jueces y magistrados permanecerían un año adicional en su cargo, punto en el que las tres fuerzas mostraron consenso.
Pablo Gómez: otro nombre en disputa
El tercer punto de fricción giró en torno a la figura de Pablo Gómez como interlocutor entre los partidos políticos. Tanto el PVEM como el PT solicitaron que sea la secretaria de Gobernación quien asuma ese rol de manera permanente. “Va a ayudar a consolidar el ‘Plan B’ que Pablo no intervenga en ninguno de los temas”, expuso Anaya, postura que Escobar replicó de inmediato.
Sheinbaum fija plazo para llegar a un acuerdo
Ante el panorama de diferencias, la presidenta Sheinbaum otorgó un plazo de horas a las dirigencias de Morena, PVEM y PT para consensuar una nueva iniciativa y alcanzar un acuerdo avalado por los tres partidos este viernes por la tarde. La premura obedece a que, al tratarse de modificaciones constitucionales, se requieren las dos terceras partes de los votos en ambas cámaras.
Con ese objetivo, las dirigencias de los partidos y los coordinadores parlamentarios se reunieron en la Secretaría de Gobernación para destrabar los tres puntos en conflicto y enviar el proyecto al Congreso de la Unión la semana próxima.
