El exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda durante la administración de Roberto Borge, identificado como Mauricio N, obtuvo un amparo que le permite abrir la posibilidad de apelar una resolución judicial relacionada con un daño patrimonial superior a los 39 millones de pesos.
La decisión fue emitida el pasado 24 de marzo por el Juzgado Primero de Distrito de Chetumal, el cual concedió la protección de la Justicia de la Unión tras analizar la negativa previa de admitir un recurso de apelación interpuesto por el exfuncionario.
Antecedentes del proceso
El caso se remonta a hechos ocurridos hace más de una década, cuando se registró la venta de 113 inmuebles propiedad del estado de Quintana Roo, operación que derivó en una afectación significativa al patrimonio público.
De acuerdo con la resolución, el monto reclamado corresponde a más de 39 millones de pesos derivados de descuentos considerados onerosos. En este contexto, el caso relacionado con Roberto Borge vuelve a tomar relevancia por el impacto económico y legal que representa.
Proceso legal y solicitud de amparo
Mauricio N había sido detenido en 2017, pero obtuvo su libertad mediante un procedimiento abreviado que incluía la condición de reparar el daño económico señalado.
Sin embargo, al no estar conforme con esta resolución, intentó interponer un recurso de apelación que no fue admitido. Posteriormente, el 30 de octubre de 2025, promovió un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, argumentando la omisión de su derecho a impugnar la sentencia.
Alcance de la resolución judicial
En la sentencia correspondiente al expediente 885/2025, el juzgado determinó conceder el amparo al exfuncionario, permitiendo así que se reevalúe la posibilidad de admitir su recurso de apelación.
Esto abre un nuevo escenario legal en el que podría evitar el pago de la reparación del daño, lo que mantiene el caso en análisis dentro del sistema judicial.
Qué sigue en el proceso
Tras la resolución, en los próximos días se definirán los efectos concretos del fallo, lo que permitirá establecer si se admite formalmente la apelación presentada.
De avanzar este recurso, se podría modificar la obligación del pago millonario, lo que marcaría un punto clave dentro de este caso vinculado a la administración de Roberto Borge.
