Este miércoles marcó un parteaguas en la política sinaloense: el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación formal contra diez personas, entre ellas el gobernador Rubén Rocha Moya, además de nueve funcionarios y exfuncionarios de alto rango en la entidad. Según un documento oficial dado a conocer por esa dependencia, todos los involucrados podrían enfrentar cadena perpetua por los delitos que se les imputan, los cuales están relacionados con sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Los perfiles más destacados en la acusación
Entre los señalados de mayor relevancia aparecen el gobernador Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza Cazárez y Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán. Los tres tienen en común haber llegado a sus cargos bajo las siglas del partido Morena.
Los cargos que podrían costarles décadas de libertad
El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York les atribuye a este trío conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser hallados culpables, enfrentarían un mínimo de 40 años detrás de las rejas.
Otros funcionarios incluidos en el expediente
El documento federal también señala a Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal del estado; y Gerardo Mérida Sánchez, quien se desempeñó como ex secretario de Seguridad Pública de la entidad.
El caso de Mérida Sánchez: una renuncia que no fue casualidad
Conviene recordar que Mérida Sánchez presentó su dimisión el 21 de diciembre de 2024, apenas tres meses después de que estallara el violento enfrentamiento entre las facciones conocidas como “Los Chapitos” y “Los Mayos” por el control del Cártel de Sinaloa. Una renuncia que, a la luz de la investigación estadounidense, adquiere una nueva dimensión.
El papel del vicefiscal y los pagos del cártel
De acuerdo con la acusación, Castro Zaavedra habría recibido aproximadamente once mil dólares mensuales de parte de “Los Chapitos” como contraprestación por proteger a integrantes de esa organización frente a posibles arrestos. Además, se le señala de haber filtrado información sobre operativos policiales coordinados con apoyo estadounidense.
Exmandos policiales en el centro de la investigación
La lista de imputados se extiende a exelementos de las fuerzas del orden sinaloenses. Marco Antonio Almanzas Áviles, exjefe de la Policía de Investigación de la fiscalía estatal, y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, quien ocupó el mismo cargo en distintos períodos, también figuran en el expediente. A ellos se suma José Antonio Dionisio Hipolito, conocido como “Tornado”, exsubdirector de la Policía del Estado.
El caso más grave: la muerte de una fuente de la DEA
Quizá el señalamiento más grave dentro de toda la acusación recae sobre Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán. Según el documento federal, este exfuncionario habría participado en el secuestro de un informante de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y de un familiar de dicha fuente, hechos que culminaron con la muerte de ambas víctimas.
