El caso de Roberto Borge registró un nuevo episodio luego de que un tribunal determinara la existencia de un conflicto de interés en el proceso penal por presunto lavado de dinero que enfrenta el exgobernador de Quintana Roo. La resolución obligará a designar a otro juez de control para continuar con las diligencias pendientes relacionadas con su situación jurídica.
Tribunal avala impedimento de la jueza
Los magistrados del Tribunal Colegiado de Apelación de Nezahualcóyotl resolvieron como legal el impedimento presentado por la jueza Carmen Nayelly Ortega Gutiérrez, quien había solicitado retirarse del asunto.
La determinación se produjo después de que la juzgadora informó sobre una relación personal con uno de los abogados que forman parte de la defensa del exmandatario estatal, situación que podría comprometer la imparcialidad del procedimiento.
Avanza proceso judicial en Quintana Roo
Las autoridades judiciales deberán nombrar a un nuevo juez encargado de continuar con el expediente. Entre las tareas pendientes se encuentra verificar la colocación de un dispositivo electrónico de localización y supervisar el sitio donde el exfuncionario cumpliría prisión domiciliaria.
En este contexto, el caso de Roberto Borge continúa bajo revisión de las autoridades federales. Además, el expediente relacionado con presunto lavado de dinero sigue siendo uno de los asuntos de mayor relevancia judicial vinculados a la administración pública de Quintana Roo en los últimos años.
Relación con la defensa motivó la excusa
De acuerdo con la resolución judicial, la jueza reconoció mantener una relación de convivencia con el integrante del equipo legal del acusado. Esta situación fue considerada suficiente para justificar su separación del proceso.
Los magistrados concluyeron que existían elementos que podían afectar la percepción de imparcialidad, por lo que determinaron validar la solicitud de excusa presentada por la funcionaria judicial.
Antecedentes del proceso
El pasado 5 de junio la jueza presentó formalmente el recurso para apartarse del expediente. Semanas antes, el exgobernador obtuvo una resolución favorable en otro proceso relacionado con delincuencia organizada.
El caso de Roberto Borge ha permanecido en el centro de la atención pública debido a las investigaciones derivadas de operaciones relacionadas con la venta de bienes que pertenecían al patrimonio estatal.
Investigación por presunto daño al erario
Las acusaciones señalan que diversos inmuebles propiedad del gobierno estatal fueron transferidos a particulares mediante operaciones que habrían generado un importante perjuicio económico para las finanzas públicas.
Las autoridades estiman que el impacto patrimonial superó los 900 millones de pesos. Por estos hechos se iniciaron diversas investigaciones que derivaron en procesos judiciales contra exfuncionarios vinculados a aquella administración.
Roberto Borge gobernó Quintana Roo entre 2011 y 2016. Tras concluir su mandato enfrentó diversas investigaciones que derivaron en acciones legales y posteriormente en su detención.
