La propuesta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para facilitar la instalación de infraestructura en México ha generado cuestionamientos legales. La implementación de un régimen de permisos federales, no previsto en la ley, podría enfrentar impugnaciones y controversias.
Implicaciones legales y administrativas
Un análisis jurídico elaborado por el consultor David Gorra Flota advierte que la propuesta de la Ventanilla Digital Nacional de Telecomunicaciones y Radiodifusión podría crear autorizaciones adicionales que no están contempladas en la legislación sectorial. Aunque busca simplificar trámites, la propuesta también podría duplicar requisitos municipales y estatales, incrementando la carga administrativa para las empresas.
Requisitos y trámites duplicados
Actualmente, las obras de pequeña escala solo requieren un aviso, pero las de mediana y gran escala estarían sujetas a permisos federales con plazos de hasta 45 y 60 días hábiles, respectivamente. Sin embargo, las empresas tendrían que obtener previamente autorizaciones locales, lo que, según Gorra Flota, hace que el proceso sea redundante y no reduzca los tiempos de despliegue.
Distribución de competencias y posibles controversias
El análisis también señala que la redacción del proyecto podría interpretarse como una limitación indirecta a las facultades municipales, que tienen atribuciones en desarrollo urbano, zonificación y uso de suelo. La ley constitucional aún no ha definido una distribución clara de competencias, lo que podría derivar en controversias constitucionales.
Propuestas y alternativas
Gorra Flota sugiere que la Ventanilla Digital funcione mediante avisos y registros, sin necesidad de permisos previos, y que se desarrolle un catálogo técnico nacional. Este enfoque facilitaría la coordinación entre autoridades y reduciría cargas administrativas, sin afectar las atribuciones locales.
Este tema cobra relevancia en un contexto donde la expansión de redes requiere inversiones sostenidas y mayor eficiencia en los procesos de despliegue. La decisión final dependerá de la consulta regulatoria y de cómo se definan las responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno.
