El Congreso de Quintana Roo ha dado luz verde a una reforma constitucional enviada por el Senado de la República, que establece a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad profesional y permanente, compuesta por personal militar con formación policial.
El Congreso del Estado de Quintana Roo aprobó recientemente la minuta de reforma constitucional que fue enviada por el Senado de la República, la cual tiene como objetivo consolidar a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública de carácter permanente. Esta nueva estructura se integrará por personas con formación militar y policial, bajo la dependencia del ramo de Defensa Nacional.
Durante la sesión, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), el diputado Jorge Sanén Cervantes, subrayó que esta reforma busca profesionalizar las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública en México. La iniciativa ha sido discutida en el marco de un contexto de creciente atención a las estrategias de seguridad en el país.
Conforme a lo estipulado en la reforma federal, aprobada por el Pleno de la XVIII Legislatura del Estado, la Guardia Nacional tendrá la responsabilidad de implementar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública dentro de su área de competencia. En este sentido, el diputado Ricardo Velazco Rodríguez, quien preside la Comisión de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Bomberos, mencionó que la reforma representa un avance significativo en la estructura del sistema de seguridad pública en México. Velazco Rodríguez indicó que esto podría llevar a un fortalecimiento institucional y a una mejor coordinación, resultando en respuestas más efectivas frente a los desafíos de seguridad.
Además de la reforma relativa a la Guardia Nacional, el Congreso quintanarroense también aprobó una modificación federal en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Esta reforma reconoce a estos grupos como sujetos de derecho público, otorgándoles personalidad jurídica y un patrimonio propio. Con esta acción, se busca atender una deuda histórica respecto a la protección de la identidad cultural, modos de vida, expresiones espirituales y la biodiversidad que forman parte del patrimonio de los pueblos originarios.
