El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo acusa a militares y a la Guardia Nacional de asesinar a tres personas civiles en dos incidentes separados en Tamaulipas, lo que incluye a una niña y a una enfermera.
Este fin de semana, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció que tres personas, entre ellas una menor de edad y una enfermera, fueron asesinadas por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en dos incidentes distintos en el estado de Tamaulipas. Las víctimas han sido identificadas como Lidia Iris Fuentes Galván, una niña; Yuricie Rivera Elizalde, una enfermera; y Diego Alfredo, un joven de 18 años.
El primer hecho ocurrió el viernes 11 de octubre en el fraccionamiento La Fe, cuando soldados del Ejército dispararon contra una camioneta particular en la que viajaba Yuricie Rivera junto a su esposo y su hijo. Rivera falleció instantáneamente después de recibir un disparo en la cabeza. Según testigos citados por el Comité, los militares perseguían a civiles armados, disparando indiscriminadamente sin considerar que había muchas familias presentes en la zona.
El segundo incidente tuvo lugar la noche del sábado en el fraccionamiento Palmares. Lidia Galván, junto a su nieta Lidia Iris Fuentes, se dirigía en automóvil a una papelería cuando quedaron atrapadas en medio de una persecución entre elementos de la Guardia Nacional y presuntos delincuentes. El vehículo en el que viajaban fue embestido entre dos camionetas, y los guardias comenzaron a disparar sin medir las consecuencias. Lidia Iris, quien estaba intentando refugiarse en el asiento delantero, resultó gravemente herida en la cabeza. Aunque fue trasladada de urgencia a un hospital, no sobrevivió a las lesiones.
En ese mismo evento, Diego Alfredo, de 18 años, falleció en el interior de una de las camionetas que eran perseguidas por las autoridades. Tras las investigaciones preliminares, se descubrió que el joven presentaba signos de tortura en varias partes de su cuerpo, lo que ha llevado a suponer que pudo haber sido víctima de secuestro.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha levantado la voz ante estos terribles acontecimientos, criticando duramente la falta de respuesta por parte del gobierno de Tamaulipas. La organización asegura que las autoridades locales han optado por “callar y minimizar” lo sucedido, evitando una confrontación pública con las fuerzas armadas implicadas en estos episodios.
Este tipo de incidentes subraya las crecientes tensiones entre la población civil y las fuerzas de seguridad desplegadas en zonas con alta actividad delictiva, donde las operaciones contra el crimen organizado han llevado a situaciones trágicas en las que inocentes han perdido la vida. El clamor por justicia de los familiares y organizaciones civiles sigue resonando, mientras se exigen investigaciones imparciales que esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables.
