El proceso electoral judicial sigue detenido, mientras el INE evalúa solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver más de 260 suspensiones que bloquean su avance.
La organización de la elección de jueces y magistrados en México permanece en pausa debido a las múltiples suspensiones que obstaculizan su desarrollo. El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta la posibilidad de consecuencias legales y económicas si procede sin el respaldo judicial adecuado, mientras los juzgados y tribunales no dan una respuesta concreta a sus impugnaciones. Frente a esta situación, el INE está considerando pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga y resuelva de manera integral las más de 260 suspensiones que han frenado el proceso.
Esta medida surge de la frustración del INE ante la falta de acción de los tribunales que, según el consejero Arturo Castillo, no han atendido sus impugnaciones desde que se presentaron hace casi dos meses. En declaraciones para el medio Milenio, Castillo comentó que la estrategia contemplada sería presentar una excitativa de justicia ante la SCJN para instar a que asuma los casos y emita una resolución definitiva. “No es un recurso formal; es un llamado para que la Corte tome estos amparos y resuelva rápidamente. La demora afecta a todos: al INE, a los electores y a la transición hacia un nuevo modelo del Poder Judicial”, señaló el consejero.
Aunque la SCJN recientemente ratificó la vigencia de la reforma judicial, el INE asegura que esta resolución no zanja las suspensiones, pues estas se mantienen vigentes y afectan directamente la organización del proceso. En palabras de Castillo, “no hubo un pronunciamiento de fondo” que resolviera los amparos interpuestos, y sin esa claridad, el proceso sigue en un limbo legal.
Durante una reunión privada el miércoles, el Consejo General del INE exploró distintas opciones para reactivar la elección, concluyendo que la más viable es acudir a la Suprema Corte. En la reunión, el consejero Castillo insistió en la necesidad de una acción contundente para que la SCJN determine la procedencia o improcedencia de los amparos y defina el camino a seguir. “Es imperativo actuar para que dejemos de estar detenidos y podamos avanzar”, enfatizó.
Por su parte, la consejera Claudia Zavala coincidió en la urgencia de clarificar el alcance de las suspensiones. Explicó que el Consejo General ha solicitado a la Dirección Jurídica del INE un análisis detallado para asegurar que cualquier paso a seguir sea conforme a la ley. Zavala indicó que, aunque la SCJN resolvió la vigencia de la reforma judicial, existen múltiples amparos de individuos que cuestionan dicha reforma por considerar que afecta sus derechos, lo cual prolonga la incertidumbre para el INE.
La situación se torna aún más delicada debido a la amenaza de sanciones. Hasta el miércoles por la noche, el INE no había recibido notificación formal de una multa de 54 mil pesos impuesta a cada consejería por desacato. De ser confirmada, esta sanción podría ir acompañada de consecuencias administrativas y penales más graves, que van desde la destitución hasta penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
A la espera de una solución clara, el INE ha decidido mantener el proceso de elección judicial en pausa. La prudencia prevalece en el Consejo General, que busca protegerse de posibles sanciones mientras aguarda la intervención de la Suprema Corte. Para Zavala, cada día que pasa sin avances en la organización de este complejo proceso electoral representa una pérdida de tiempo valiosa, pues el INE debe contar con garantías jurídicas para ejecutar sus funciones sin riesgos legales.
Este escenario subraya la necesidad de que los tribunales proporcionen certeza en sus resoluciones, permitiendo que el INE reactive el proceso electoral judicial y avance en la transición hacia un nuevo sistema en el Poder Judicial.
