Argumentan que aplazar el proceso electoral sería contrario al mandato constitucional y afectaría la confianza ciudadana
El Senado de la República rechazó la solicitud presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE) para posponer por 90 días las elecciones extraordinarias del Poder Judicial de la Federación, previstas para el 1 de junio de 2025. Esta decisión fue formalizada a través de un oficio firmado por el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien argumentó que acceder a esta prórroga violaría el mandato constitucional y podría generar incertidumbre en el proceso electoral.
El INE había fundamentado su petición señalando que enfrentaba complicaciones debido a la existencia de 572 amparos y 366 suspensiones que, según el organismo, han retrasado la organización de los comicios. Sin embargo, el Senado recordó que el artículo 61 de la Ley de Amparo establece que no proceden amparos ni suspensiones contra reformas constitucionales ni contra procesos electorales en curso.
Además, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya había emitido una resolución previa que confirmaba que los comicios deben realizarse en la fecha originalmente establecida, respaldando así la postura del Senado.
Argumentos del Senado
En su respuesta, Fernández Noroña enfatizó que modificar la fecha de la elección implicaría una reforma constitucional, un proceso que, según afirmó, alteraría los plazos del proceso electivo y afectaría principios fundamentales como la certeza y la equidad electoral. Recordó además que la reforma constitucional publicada en septiembre de 2024 especifica claramente que el primer domingo de junio de 2025 es la fecha asignada para esta elección inédita en el país.
“Confiamos en el profesionalismo del INE y en el compromiso del pueblo de México para cumplir con este mandato constitucional, como lo han demostrado los avances en la convocatoria y el desarrollo del proceso”, destacó el legislador en el oficio dirigido al organismo electoral.
El Senado también expresó que aplazar las elecciones podría alimentar especulaciones y críticas que debilitarían la confianza ciudadana en el proceso, que tiene un carácter histórico al tratarse de la primera elección judicial del país. Según el comunicado, cualquier retraso en los plazos establecidos dañaría la percepción pública sobre la legitimidad del proceso y generaría más incertidumbre política.
