El Frente Nacional de Rescate del Campo anunció un paro nacional para el 24 de noviembre, con el objetivo de exigir precios justos para el maíz y frenar la nueva Ley de Agua, que aseguran afectará directamente a los productores agrícolas del país.
Durante una conferencia realizada frente a Palacio Nacional, los dirigentes informaron que bloquearán carreteras y aduanas como medida de presión, aunque permitirán el paso de vehículos particulares y transporte de pasajeros. Esta acción se da casi un mes después del primer cierre de vías realizado en el centro del país.
Inconformidad ante la falta de diálogo
El líder del movimiento, Baltasar Valdez, acusó que las reuniones con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural han resultado infructuosas y cargadas de promesas incumplidas.
“Desde hace dos años trabajamos sin recuperar la inversión. No pedimos privilegios, pedimos reglas claras para subsistir”, expresó.
Los agricultores piden una mesa de diálogo directa con la presidenta, pues consideran que el campo ha sido abandonado en las políticas actuales y relegado frente a otras prioridades gubernamentales.
Exigencias al Gobierno Federal
Durante su intervención, Valdez detalló que el movimiento plantea cinco puntos clave:
-
Reconocer la agricultura como un asunto de interés nacional.
-
Retirar de la Bolsa de Chicago los granos y oleaginosas mexicanas en futuras negociaciones comerciales.
-
Crear una banca de fomento que impulse el desarrollo agrícola.
-
Establecer precios de garantía justos para los productos básicos.
-
Iniciar un diálogo amplio para modificar la Ley de Agua antes de su aprobación.
La polémica en torno a la Ley de Agua
El Caso Ley de Agua se ha convertido en una de las principales preocupaciones del sector rural. Según los representantes agrícolas, la iniciativa impulsada desde el Ejecutivo distorsiona las concesiones de uso y limita el acceso al agua para el riego, al tiempo que amplía beneficios a sectores industriales.
Valdez advirtió que el impacto sería devastador para las comunidades rurales, pues “el agua no puede ser tratada como un recurso comercial, sino como un bien público esencial”.
Aunque el Gobierno ha defendido la iniciativa como un esfuerzo por garantizar el uso sustentable del recurso, en el campo crece la percepción de que no se ha escuchado la voz de los productores.
Una lucha que busca trascender el campo
El movimiento hizo un llamado a la ciudadanía a solidarizarse con su causa, recordando que “el campo es la base de la alimentación de los 130 millones de mexicanos”.
Su objetivo, dicen, no es confrontar, sino defender el derecho a producir con dignidad y sin condiciones injustas.
A medida que se acerca la fecha del paro, crece la expectativa sobre si el Gobierno abrirá un espacio de negociación antes de que la protesta nacional paralice los principales ejes carreteros del país.






