El gobierno mexicano obtuvo una victoria en un arbitraje internacional relacionado con la concesión de parquímetros en la Ciudad de México. La resolución reafirma la solidez de la defensa jurídica del Estado frente a reclamaciones por parte de empresas inversionistas.
Detalles del caso y reclamación de Doups
La disputa inició cuando la empresa Doups Holdings LLC, que argumentaba ser un inversionista estadounidense, reclamó más de 600 millones de pesos al amparo del TLCAN. La reclamación se basó en la supuesta afectación a sus inversiones tras la revocación de concesiones para operar parquímetros en la capital mexicana.
Desde el inicio, México sostuvo que la reclamación presentaba serias deficiencias, principalmente en la conformación de la empresa filial que supuestamente sufrió daños, su nacionalidad y control, además de incumplimientos procesales para acceder al arbitraje.
Decisión del Tribunal y fundamentos
En septiembre de 2026, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial, dictaminó a favor de México y declaró que no tenía jurisdicción para conocer las reclamaciones de Doups. La resolución desestimó en su totalidad el arbitraje, señalando que la empresa no acreditó el control de su filial ni cumplió con los requisitos del TLCAN para presentar la demanda.
Asimismo, el tribunal concluyó que Doups había aceptado ser considerada mexicana respecto a su inversión y que no podía reclamar pérdidas como propias. La decisión también ordenó a la empresa pagar más de un millón de dólares por gastos y costos.
Relevancia y respaldo legal
El secretario de Economía, Roberto Morales, destacó que el fallo confirma la fortaleza de la defensa jurídica del Estado mexicano, apoyada por la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional y el bufete Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP. La Secretaría también contó con el respaldo de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México durante el proceso.
Este fallo reafirma que las reclamaciones infundadas no prosperan ante tribunales internacionales, fortaleciendo la postura del país en materia de inversión y soberanía.
