Eventos ilegales desafían la Ley de Bienestar Animal, mientras persiste el debate entre tradición y protección animal.
En comunidades rurales de José María Morelos, Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Tulum y Lázaro Cárdenas, las corridas de toros y peleas de gallos siguen realizándose de forma clandestina, a pesar de que están prohibidas en Quintana Roo desde hace cinco años por la Ley de Bienestar Animal.
Durante el mes de diciembre, se llevaron a cabo al menos nueve ferias y fiestas patronales en las que estos eventos fueron parte de las actividades principales. Esto ocurre debido, según los organizadores, a la permisividad de las autoridades locales y a la importancia cultural y económica que tienen estas prácticas en algunas comunidades.
Francisco Piña, comisariado ejidal de El Naranjal, en José María Morelos, destacó que estas actividades son consideradas parte de las tradiciones heredadas de los antepasados mayas y que tienen un profundo arraigo en la región. “Cada presidente o alcalde sabe que esto es parte de nuestra cultura, por eso nos otorgan permisos restringidos. No sólo es entretenimiento, sino también sustento para más de 500 familias de esta región”, señaló.
Piña, junto con la Asociación de Galleros de Quintana Roo, planea buscar un acercamiento con los diputados del Congreso local durante el próximo periodo de sesiones para intentar revertir la prohibición de estas actividades.
Debate entre tradición y protección animal
Por otro lado, Luisa Catalejo Canul, representante de la organización Animal-Life Quintana Roo, aseguró que estas prácticas no forman parte de las tradiciones mayas, como señalan sus defensores. Según explicó, las corridas de toros llegaron a la entidad en la década de 1980 con ejidatarios del norte del país, y en México, antes de la conquista, no existían los toros; fueron introducidos por los españoles después de 1521.
“Es erróneo afirmar que estas actividades tienen raíces profundas en la cultura local. Se trata más bien de costumbres adquiridas relativamente recientes, y justificar su continuidad como tradición no puede estar por encima del bienestar animal”, afirmó la también antropóloga.
Catalejo advirtió que, si se intenta modificar la ley para permitir estas actividades, las asociaciones protectoras de animales estarán listas para movilizarse y evitarlo.
Cumplimiento parcial de la ley
La Procuraduría de Protección Animal ha clausurado solamente seis ferias desde que la prohibición entró en vigor, una cifra que contrasta con la cantidad de eventos realizados de forma irregular en tan solo un mes. Esto, según activistas y ciudadanos, refleja una falta de rigor en la aplicación de la ley y la complicidad de algunas autoridades locales que continúan otorgando permisos bajo restricciones.
El debate entre preservar tradiciones consideradas ilegales y garantizar el bienestar animal sigue generando división en Quintana Roo. Por un lado, están quienes defienden estas actividades como parte del tejido cultural y económico de las comunidades; por otro, están quienes exigen que se respete la legislación vigente y se promueva una visión más ética hacia los animales.
