Desde el inicio de la sesión, el ambiente en el Congreso se tensó cuando la diputada de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, subió a tribuna con una enorme caja de regalo para cuestionar la reforma a la Ley General de Salud en materia de vapeadores. Señaló que se trata de una legislación prohibicionista que impondría sanciones sin precedentes en el país.
La legisladora criticó que el dictamen establece penas de entre uno y ocho años de cárcel por adquirir, almacenar, transportar o vender estos dispositivos, lo que consideró un exceso que podría criminalizar actividades cotidianas.
Comparaciones con delitos graves y sanciones desproporcionadas
Reyes subrayó que, según las sanciones previstas, comprar un vapeador podría castigarse más severamente que delitos como agresiones físicas o la difusión no consentida de imágenes íntimas.
Explicó que “golpear brutalmente a una mujer se castiga con menos pena que comprar un vapeador”, mientras que divulgar fotografías íntimas sin permiso tiene sanciones inferiores a las que se proponen por conservar varios vapeadores en una bodega. El señalamiento encendió una discusión más profunda sobre proporcionalidad y prioridades legislativas.
PRI advierte riesgos legales y multas millonarias
La diputada Ana Isabel González, del PRI, expresó preocupación por el artículo 282 Quáter, al considerar que su redacción abre la puerta a penalizar a cualquier persona que simplemente posea un dispositivo electrónico para fumar.
Según la legisladora, las sanciones previstas son extremas, pues podrían derivar en multas de hasta 225 mil pesos. Señaló además que, bajo la lógica del dictamen, alguien podría enfrentar cargos penales por dejar un vapeador dentro de su propio automóvil.
Señalamientos sobre portabilidad y vida cotidiana
González pidió revisar directamente las páginas del dictamen donde se establece la prohibición total de fabricación, almacenamiento, importación, exportación, transporte comercial y suministro de estos dispositivos.
En sus palabras, la amplitud del texto podría tener impactos inesperados en la población, al no delimitar claramente entre consumidores y distribuidores. El debate se intensificó porque múltiples legisladores coincidieron en que la portabilidad común no está adecuadamente diferenciada de actividades comerciales.
Legisladores oficialistas responden a la polémica
La diputada Margarita García, del Partido del Trabajo, sostuvo que el dictamen ha sido malinterpretado y que no busca criminalizar el consumo. Afirmó que el documento no prohíbe el uso ni la portabilidad personal, y que el objetivo es impedir la comercialización de productos que considera riesgosos para la salud.
Pidió evitar confundir a la ciudadanía y señaló que el enfoque de la norma es proteger a los jóvenes del acceso a sustancias adictivas. Sin embargo, las dudas de la oposición persistieron debido a la redacción amplia del artículo cuestionado.
PAN señala incoherencias en prioridades de salud pública
El diputado Federico Döring, del PAN, calificó como incongruente que se impulse una reforma tan estricta sobre vapeadores cuando, aseguró, existen carencias en temas fundamentales del sistema de salud.
Mencionó que el país ha experimentado dificultades para adquirir medicamentos y vacunas durante años, y que muchos hospitales carecen de insumos básicos, por lo que consideró cuestionable dedicar esfuerzos legislativos a endurecer sanciones para usuarios o portadores de estos dispositivos.
Oficialismo afirma que no se criminaliza al consumidor
El legislador Fernando Mendoza, de Morena, negó que la reforma busque perseguir a quienes consumen estos productos. Explicó que el dictamen diferencia entre consumidores y quienes comercializan, producen o introducen los dispositivos al mercado.
Pidió detener lo que considera una campaña de desinformación y reiteró que la intención es sancionar a quienes lucran con productos dañinos.
Aprobación en lo general: 324 votos a favor
En la votación general, Morena y sus aliados aprobaron la reforma con 324 votos a favor y 129 en contra. No hubo abstenciones.
El debate dejó ver posturas polarizadas: mientras la mayoría defendió que se trata de una medida de protección sanitaria, la oposición insistió en que el dictamen presenta riesgos de interpretación y aplicación desproporcionada.
Acusaciones finales y cierre de sesión
Antes de abandonar la tribuna, Iraís Reyes afirmó que la ley “suena a salud, pero huele a otra cosa”, insinuando que podría favorecer actividades ilícitas al empujar el mercado hacia la clandestinidad.
Acusó que la prohibición total “es un regalo envuelto para el crimen organizado” y dejó caer la caja gigante que llevó al estrado como símbolo de su protesta.
