A pesar de la relevancia del gasto público en el gobierno de Claudia Sheinbaum, el primer informe de la Cuenta Pública 2025 entregado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no incluyó detalles sobre el gasto en secretarías ni en proyectos específicos de su administración. La reorganización interna en la institución fue la principal justificación para esta omisión.
Contexto y alcance del informe
El informe, entregado por Aureliano Hernández Palacios Cardel, se centró exclusivamente en las transferencias de recursos federales a las 32 entidades federativas, sin analizar el gasto en secretarías o proyectos particulares del gobierno de Claudia Sheinbaum. La auditoría solo revisó las transferencias del gobierno federal a estados y municipios, que suman aproximadamente un billón de pesos.
Razones de la omisión y reorganización en la ASF
Hernández Palacios explicó que la falta de auditorías adicionales se debió a una reorganización interna en la ASF, que ocurrió a los 100 días de su gestión. Este proceso implicó cambios en el personal y en la estructura del organismo, incluyendo la desaparición de áreas como la Auditoría al desempeño y la creación de nuevas unidades, como la Unidad de Atención Ciudadana.
Resultados y hallazgos en auditorías
El informe incluye 33 auditorías relacionadas con transferencias del gobierno federal a estados y municipios, con un monto auditado de más de 29 mil 736 transferencias. Se recuperaron 20.7 millones de pesos tras las auditorías, y se detectaron presuntas irregularidades por 1.4 millones de pesos en Chiapas, relacionadas con recursos no distribuidos ni pagados a los municipios.
Acciones y promesas futuras
Durante la conferencia de prensa, Hernández Palacios anunció la presentación de 21 denuncias penales por daños al erario que superan los 600 millones de pesos. Además, prometió una auditoría integral que abarcará mil 733 entes públicos, incluyendo dependencias federales, estatales y municipales, con el objetivo de garantizar un uso más transparente de los recursos públicos.
El compromiso de la ASF es que, en los próximos informes, se refleje una fiscalización más completa y organizada, que permita un mejor control del gasto público en beneficio de la ciudadanía.
