El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra seis objetivos presuntamente relacionados con el Cártel del Noreste, entre los que figura un abogado vinculado a El Mayo, lo que vuelve a colocar el nombre de El Mayo en el centro del debate sobre redes criminales y sus conexiones internacionales.
Detalles de la investigación
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) precisó que las medidas alcanzan a tres personas, dos casinos y una empresa, señaladas por su posible participación en actividades como lavado de dinero y contrabando de efectivo en favor del grupo delictivo.
Perfil del abogado sancionado
Entre los nombres destaca Juan Pablo Penilla Rodríguez, identificado como abogado de El Mayo. En el comunicado se recuerda que en 2023 recibió un reconocimiento por parte de legisladores por su labor en derechos humanos, lo que ha generado controversia tras su inclusión en esta lista.
Vínculos con otros líderes criminales
El gobierno estadounidense indicó que también fungió como defensor de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, a quien habría apoyado como intermediario con la cúpula del Cártel del Noreste. Según el reporte, estas acciones habrían contribuido a mantener su liderazgo dentro de la organización pese a estar en prisión.
Otros implicados en las sanciones
Otro de los sancionados es Jesús Raymundo Ramos Vázquez, presidente de un comité de derechos humanos en Nuevo Laredo, señalado por presuntamente encabezar campañas de desinformación a favor del grupo criminal.
Operaciones ilícitas y estructuras
Las autoridades estadounidenses también designaron a Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, quien presuntamente lidera actividades de tráfico de personas en Tamaulipas, ampliando el espectro de delitos vinculados a la red investigada.
Negocios vinculados al crimen
Entre las entidades sancionadas se encuentra el Casino Centenario, señalado como un punto utilizado para almacenar drogas como fentanilo y cocaína, además de presuntamente servir para el lavado de dinero.
Asimismo, fueron incluidos el Diamante Casino y la empresa Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), esta última vinculada a la operación del recinto. Según la OFAC, estos espacios también habrían sido utilizados para actividades de intimidación.
Bloqueo de bienes
Las medidas implican el congelamiento de activos y la prohibición de operaciones financieras en territorio estadounidense, así como la obligación de reportar cualquier propiedad relacionada.
El gobierno estadounidense advirtió que cualquier ciudadano o empresa que mantenga vínculos comerciales con los sancionados podría enfrentar sanciones económicas, reforzando así el alcance de estas disposiciones.
